En 2020, la Iglesia Católica presentó un libro, arrogándose —sin apenas sonrojarse— el golpe de Estado de un año antes.
En el Informe-memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia, ocurridos entre octubre de 2019 y enero de 2020, confirmó que dos días antes de que Jeanine Añez asuma la presidencia del Estado, en una reunión reservada de cívicos, políticos y delegados de embajadas, pidió a Ricardo Paz, entonces jefe de campaña y asesor de Carlos Mesa, llamarla para consultarle si estaba dispuesta a asumir la primera magistratura.
La jerarquía católica también se refirió a los “acuerdos verbales” con varios actores políticos durante al menos cinco reuniones que sostuvieron en noviembre de 2019.
También hicieron pública la propuesta de Luis Fernando Camacho, en sentido de conformar un gobierno cívico-militar que suceda a Evo Morales y las gestiones de los obispos ante el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para que ayuden en la “contención” de las protestas de 2019.
En su confesión convertida en documento, la cúpula del clero también aseguró que Añez, una senadora marginal y poco conocida, “se hallaba jurídicamente habilitada para ocupar inmediatamente el cargo de presidenta del Senado” y luego la primera magistratura del país.
En la última legislatura antes del golpe, la política beniana asumió la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores, un cargo reservado a las minorías parlamentarias.
El 10 de noviembre de 2019 su nombre se vinculaba de facto a la jefatura de Estado.
“Y llegó a El Alto, el 11 de noviembre y, desde allá, fue conducida en un helicóptero oficial, como preludio de lo que sería su vida a partir de entonces”, informaba un diario paceño.
Como política de derecha desde 2006, siempre fue una figura poco conocida, sin relevancia, sin propuestas, sin protagonismo.
Los medios hegemónicos, la manipulación mediática, la Iglesia Católica, los evangélicos, algún agente de la CIA, los oportunistas y aduladores presentaron a la golpista Jeanine Añez como la salvadora de la democracia.
Marcado por la corrupción, su gobierno se fue por la puerta trasera con las manos manchadas de sangre.
Amnistía Internacional denunció “impunidad” por el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción de Añez a la presidencia y que dejaron al menos 36 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país por las muertes en su administración, describió al régimen de facto de la política beniana, teñida de un rubio oscuro, de cuerpo entero: “El gobierno de Añez incurrió en graves violaciones a los derechos humanos".
