El presidente Luis Arce advirtió que la decisión del Tribunal Agroambiental de La Paz de suspender el tratamiento de los contratos del litio en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por supuestas vulneraciones medioambientales, es un grave precedente de judicialización de la economía estatal.
Tiene razón, el mandatario, al señalar que el Estado envía una imagen de inseguridad jurídica y de poca seriedad de cara a los inversionistas. Y es que, con el recurso judicial presentado por la Defensoría del Pueblo, se incurre en una clara “judicialización de la economía”, una mala señal que, en palabras de Arce, da “un precedente negativo no solo a la industria del litio, sino también a los hidrocarburos y la minería”. Así, este boicot judicial se suma al bloqueo político que la ALP impone desde hace meses a la industrialización del litio, negándose a aprobar los dos contratos cuya idoneidad y conveniencia están más que probadas.
Vale hacer una recapitulación a modo de reflexión. El Gobierno logró atraer inversiones para el litio y, tras un proceso serio de selección, la rusa Uranium One Group y la china CBC aprobaron por la factibilidad de sus propuestas. Si ahora se transgrede un compromiso de Estado, ¿qué garantías tendrán los futuros inversores de que no se seguirá judicializando y politizando intereses comerciales, industriales, financieros?
La no aprobación de los contratos implica pérdida de credibilidad, tiempo y, sobre todo, recursos. Se da una pésima imagen, considerando, en principio, que actualmente firmas de varios países participan de la segunda convocatoria, aún en proceso, para seguir industrializando el litio. No se debe perder de vista que ya se demostró que ambos convenios son altamente provechosos para el país: CBC invertirá $us 1.030 millones en dos plantas de extracción directa de litio (EDL) y Uranium construirá una planta con una inversión de $us 970 millones.
Si en realidad lo que preocupa a la Defensoría y a los asambleístas es el ecosistema, sus argumentos también se caen. Los contratos prevén una evaluación de impacto ambiental para definir su viabilidad antes del inicio de la construcción de las plantas. El momento adecuado es en la etapa de factibilidad del proyecto, cuando se realizan diferentes labores de campo previas; no es posible hacer primero estudios de impacto y luego recién firmar contratos, pues hay que tener un marco previo, y eso ocurre tradicionalmente en industrias similares: hidrocarburos y minería. Por otro lado, hay dos aspectos fundamentales que garantizan que el modelo boliviano del litio considera el cuidado medioambiental como una de las prioridades: i) la tecnología EDL es menos invasiva: es mucho más veloz y efectiva que el método de piscinas de evaporación; ii) YLB hizo por su cuenta estudios preliminares de impacto, tanto hidrogeológicos como monitoreos ambientales.
Si se aprueban los contratos, las operaciones de la CBC abarcarán el 1,34 % de las reservas de litio del Salar de Uyuni, y las de Uranium, menos del 1 %. No hay manera de que se genere una afectación considerable sobre los recursos, dada la mínima área de acción.
