El Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) emitió un balance altamente positivo de las actividades y resultados durante el primer semestre de 2025.
José Pardo, comandante de esta entidad que se constituye en el brazo operativo del Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria, detalló que en lo que va del año se afectó en más de Bs 58,5 millones a las mafias organizadas del contrabando. En el informe se puede apreciar que, aunque el contrabando de ingreso reporta mayores montos, debido a que se trata de incautación de electrodomésticos y aparatos de tecnología, entre otros, es el contrabando a la inversa la actividad ilegal que está en auge y que más incide en la disponibilidad de productos para los bolivianos y en sus precios. De esta manera, en el primer caso los decomisos bordean los Bs 45,4 millones y, en el segundo, los Bs 13,1 millones.
El trabajo de interdicción es sostenido en lo que va de la gestión del presidente Luis Arce, pero desde marzo, en el marco de las disposiciones especiales aprobadas por el gabinete, se incide en el patrullaje en carreteras y áreas fronterizas para frenar la salida irregular de productos agrícolas y alimenticios. La dinámica de trabajo tiene tres niveles: i) controles en la línea fronteriza, a cargo del CEO-LCC; ii) controles a nivel de aduanas, con patrullajes de personal aduanero en coordinación con las FFAA; y iii) controles internos, con inspecciones en mercados y centros de abasto y almacenamiento en las ciudades capitales y principales municipios.
De esta manera, el Gobierno encara la lucha contra el contrabando desde diferentes frentes y con una serie de planes de acción interinstitucionales que se pueden sintetizar en torno a dos acciones específicas: se ataca el contrabando tradicional: la incursión de mercadería que afecta a la empresa y microempresa nacional, debido a la desleal competencia de precios; y se incide en el contrabando a la inversa: al tener Bolivia una alta y diversa producción de alimentos y costos bajos en relación a otros países, su mercado es altamente atractivo, lo que puso en auge la salida ilegal y masiva de productos varios, entre los que destacan cinco ítems básicos de la canasta familiar: carnes (res, pollo y cerdo), arroz, aceite, azúcar y huevo.
Al ser esta actividad ilícita una de las mayores causas de perjuicio económico —pues incide en el índice de precios al consumidor— y una amenaza contra la seguridad alimentaria y energética (no se debe olvidar que también se saca de manera irregular grandes cantidades de combustibles, cuyo precio está subvencionado), es crucial aunar esfuerzos en diferentes niveles, por lo que además de personal de varias reparticiones del Gobierno central, la Policía y las Fuerzas Armadas, es preciso que los subniveles de gobierno terminen de comprometerse y sumarse de manera decidida a las acciones conjuntas.
