Una vez más se ratifica que Evo Morales y su entorno radical están dispuestos a todo con tal de lograr sus nefastos fines. La revelación, por medios de comunicación, de la denuncia de un dirigente de que el exmandatario instruyó cercar La Paz y no reparar en actos violentos hasta lograr la renuncia del presidente Luis Arce, es el colofón de una serie de atentados a los derechos de los bolivianos propiciados en los últimos meses por esta facción.
Con el sustento de la referida denuncia y un audio con la voz de Morales emitiendo las instrucciones, el Gobierno nacional exige la apertura de un proceso penal por los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de medios de transporte, atentados contra la libertad de trabajo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y obstaculización de procesos electorales. Y es que no hay que olvidar que además de esta abierta amenaza, Morales capitanea un bloqueo criminal para la economía nacional; que sus violentas bases atentaron contra policías, pasajeros e incluso personal de salud; pero lo más grave, que algunos de su más acérrimos defensores hablaron incluso de tomar instituciones públicas y atentar contra autoridades de los órganos Judicial y Electoral y sus familias.
Evo tiene dos grandes objetivos: volver a toda costa al poder y lograr impunidad en el proceso judicial por pedofilia y trata de personas por el que ya tiene orden de aprehensión. Como tiene la CPE, el ordenamiento normativo y legal en contra, apuesta a una estrategia extrema: que se suspendan las elecciones generales del 17 de agosto, y así gane tiempo en su causa ilegal e ilegítima.
Para que se concrete esta su disparatada ambición, debe lograr dos escenarios extremos y nefastos para Bolivia y los bolivianos: la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca —solo así se daría un escenario de sucesiones que, según sus cálculos, le favorecerían para organizar un nuevo proceso electoral en el que espera ser habilitado—; pero para ello debe, a la par, acentuar la crisis social y económica, generando violencia y confrontación entre bolivianos.
Queda claro, entonces, que lo que menos le interesan al expresidente y a su reducido círculo cercano es el bienestar colectivo. No les importa que se afecte la democracia, el orden constitucional y que la inflación, falta de dólares y de combustibles —que ellos mismos generaron con su boicot en la ALP— lleguen a extremos insostenibles y pongan en penurias a la población, sobre todo a las esferas más humildes.
El evismo se sabe acorralado y sin argumentos que justifiquen su causa. Cada vez tienen menos apoyo y credibilidad, aun a pesar de las evidencias de que mantienen a gente movilizada bajo amenaza y multas. Están, queda claro, en su movida y apuesta final, al todo o nada, buscando la crisis y ruptura democrática solo por sus desmedidas e ilegítimas aspiraciones. La justicia tarda, pero llega, el veredicto incuestionable del pueblo soberano es contundente e inapelable: Bolivia no puede estar a merced de apetitos particulares y mucho menos puede ponerse en entredicho la democracia.
