La reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ilegalidad de la presencia de Israel en territorio palestino marca un hito en la larga y dolorosa historia del conflicto en Oriente Medio.
El dictamen, saludado por Bolivia y otros países comprometidos con el derecho internacional, llega en un momento crítico, cuando la situación en la Franja de Gaza ha alcanzado niveles de tragedia humanitaria sin precedentes.
Con más de 38.900 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre pasado, las cifras de víctimas siguen aumentando día tras día. Cada número representa una vida perdida, una familia destrozada, un futuro arrebatado. La magnitud de esta tragedia exige una respuesta inmediata y contundente de la comunidad internacional.
El dictamen de la CIJ no solo establece la ilegalidad de la ocupación israelí, sino que también ordena el cese inmediato de las actividades de asentamiento y la evacuación de los colonos.
Más aún, exige a Israel indemnizar por los daños causados a todas las personas afectadas en los Territorios Palestinos Ocupados. Estas disposiciones, respaldadas por una mayoría significativa de los jueces de la Corte, deben ser el punto de partida para una acción internacional coordinada y efectiva.
El gobierno boliviano, al calificar la situación en Gaza como un "genocidio y delitos de lesa humanidad", no hace más que poner en palabras lo que muchos observadores internacionales han estado denunciando durante meses. La destrucción masiva de infraestructura civil, el bloqueo de ayuda humanitaria y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas son acciones que no pueden justificarse bajo ningún concepto de autodefensa.
Es momento de que la comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas, tome medidas concretas para implementar las disposiciones de la CIJ. No podemos permitir que más vidas se pierdan mientras el mundo observa con impotencia.
La libre determinación del pueblo palestino, un derecho fundamental reconocido internacionalmente, debe ser garantizada y respetada.
El llamado de Bolivia a la acción no debe caer en oídos sordos. Cada día que pasa sin una intervención efectiva es un día más de sufrimiento para la población de Gaza. La historia juzgará duramente a aquellos que, teniendo el poder de actuar, optaron por el silencio o la inacción.
En este momento crítico, es imperativo que todos los países comprometidos con la paz y la justicia internacional unan sus voces y esfuerzos. La opinión consultiva de la CIJ debe ser el catalizador para un cambio real en la política internacional hacia el conflicto palestino-israelí.
La tragedia en Gaza no es solo un conflicto regional, es una prueba de fuego para nuestro sistema internacional y nuestros valores compartidos como humanidad.
El tiempo de la retórica vacía ha pasado. Ahora es el momento de la acción decisiva, de la solidaridad concreta y de la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. Solo así podremos honrar la memoria de los más de 38.900 palestinos que han perdido la vida y ofrecer un futuro de paz y justicia para las generaciones venideras.
