La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó el miércoles que en Bolivia la reelección presidencial para un tercer periodo, tanto de manera continua como discontinua, es inconstitucional; de esta manera, y por si quedaba aún algún resquicio de duda, se ratifica la inhabilitación de Evo Morales para una nueva postulación al cargo.
La sentencia —adoptada por unanimidad entre los nueve magistrados que integran el alto ente judicial— establece que ningún ciudadano puede aspirar indefinidamente al cargo de presidente del Estado Plurinacional, y de esta manera sienta un precedente jurídico y político.
La legalidad y legitimidad de la determinación —en contra de las versiones antojadizas y desesperadas lanzadas por asesores del exmandatario— son contundentes, según se lee en el documento del TCP: “la constitucionalidad del Art. 4.I de la Ley de Aplicación Normativa —Ley 381 del 21 de mayo de 2013—, conforme a la interpretación realizada por el presente fallo constitucional, con relación al Art. 168 de la CPE, en sentido de que el presidente y vicepresidente están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua; considerando que el término ‘una sola vez’, implica también la limitación de alcanzar a un tercer mandato, sea este de forma continua o discontinua”.
Este fallo, entonces, tiene preeminencia por sobre la Sentencia Constitucional SCP 0084/2017 que habilitó a Morales para una nueva postulación, con el argumento de que la reelección presidencial es un derecho humano. Con un panorama normativo jurídico y legal tan claro, lo mínimo que se podría esperar es que Morales y sus seguidores afincados en el trópico de Cochabamba acepten de una vez por todas las reglas de la democracia y el orden constitucional; pero lejos de ello, insisten en lanzar amenazas y denuncias sin asidero no solo contra el Ejecutivo, sino también contra autoridades de los órganos Judicial y Electoral.
¿Hasta dónde llegará la angurria del exmandatario por retomar el poder? En este propósito, en los últimos años, no solo boicoteó sistemáticamente al gobierno del presidente Luis Arce, sino que además generó división y confrontación en las bases de los movimientos sociales y, consecuentemente, una crisis en el MAS-IPSP que, el buen criterio del Pacto de Unidad se encargó de subsanar. Ahora, en el que se aventura como su pataleo final, Morales convocó a una marcha hacia La Paz para supuestamente inscribir su candidatura ante el TSE siendo que, como es evidente, esto no tiene bases legales, y más bien la intención es provocar enfrentamientos y crear una convulsión y desgaste del Gobierno. Más allá de la movilización que Evo aún es capaz de lograr —cada vez más reducida—, está la certeza de que la gran mayoría de la ciudadanía e institucionalidad bolivianas son fervientes defensoras de la democracia y del Estado de derecho. Es así que se espera que, superado definitivamente este capítulo, todos los esfuerzos se concentren en encarar de manera democrática y pacífica los venideros comicios.
