La de Luis Arce es la mejor gestión en la lucha contra el narcotráfico. Lo evidencian los resultados de su política antidrogas digna y soberana que consiguió cifras históricas de decomisos de estupefacientes y de destrucción de fábricas y laboratorios de cocaína, la que echa por tierra la campaña interna de la derecha de Tuto Quiroga, y externa del mandato ultraderechista de Donald Trump —con descertificación incluida—, para que se tienda la cama al retorno de la funesta Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).
Desde noviembre de 2020 se ejecutaron 49.379 operativos que lograron el secuestro de 171 toneladas de cocaína. El promedio anual alcanza a 35 toneladas, siete veces mayor que las 5 de la administración de Quiroga (2001-2002). Más todavía, es el dato más alto de la historia reciente, superior a las 14 toneladas de la era de Jeanine Añez (2020), a las 23 de Evo Morales (2006-2019), a las 11 de Carlos Mesa (2003-2005), a las 9 de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y a las 7 de Hugo Banzer (1997-2001).
A ello se debe sumar las 1.619 toneladas de marihuana comisadas en los últimos cinco años y la destrucción de 5.047 fábricas de pasta base de cocaína y 387 de cocaína, y los 48 laboratorios de cristalización de cocaína. Además se aprehendió a 15.693 personas de varias nacionalidades y se desarticuló a 13 organizaciones criminales transnacionales que pretendían desplegar sus tentáculos en el país. Estos avances fueron destacados por organismos externos especializados que cuentan con la legitimidad para evaluarlos.
Para Bolivia, se debe dar paso a una regionalización de la lucha contra el narcotráfico, por lo cual respalda todas las apuestas de coordinación con los países vecinos para intercambiar información y planificar operativos simultáneos en regiones de frontera, lo que posibilitó la conformación de 14 comisiones mixtas antidroga con naciones de la región y de Europa, para así dar una respuesta efectiva a la fallida guerra contra las drogas que pretende ser impuesta por Estados Unidos bajo apariencia de cooperación.
El modelo boliviano ejecuta también una erradicación consensuada de los cultivos de coca, sin represión, respetando los derechos humanos, con la cual se logró estabilizar la cifra en 31.000 hectáreas hasta 2023, de acuerdo con los datos del último monitoreo de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), cuando con la presencia de la DEA estos sembradíos se incrementaron ilegalmente de 4.000 a 58.000 hectáreas con el permiso de los gobiernos neoliberales, hasta su expulsión en 2008.
Sin el boicot de la oposición, estos resultados hubieran sido mayores. En la Asamblea Legislativa están bloqueadas dos leyes para fortalecer la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) e incorporar al acetato de etilo en la lista de sustancias controladas, en aras de un enfoque de prevención integral. Más allá de esto, con su modelo antinarcóticos, Bolivia construye soberanía no solo con discursos, sino con resultados, y muestra a la comunidad internacional su compromiso con esta lucha.
