La democracia boliviana enfrenta un momento delicado. El expresidente Evo Morales, inhabilitado constitucionalmente para postularse a las elecciones de 2025, ha desatado una campaña de presión que busca doblar la voluntad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través de amenazas, bloqueos y movilizaciones violentas.
Sin embargo, la ley es clara: ni la presión política ni las maniobras de intimidación pueden cambiar la realidad jurídica que impide su candidatura.
Los antecedentes de la inhabilitación de Morales están perfectamente documentados. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha ratificado la imposibilidad de una a reelección presidencial de manera consecutiva o discontinua en el país, cerrando los caminos para una eventual candidatura de Morales.
Esta decisión, emitida en diciembre de 2023 y ratificada en noviembre de 2024, establece que "la reelección indefinida no es un derecho humano".
El Tribunal Constitucional fue categórico en su resolución: ningún funcionario puede buscar una segunda reelección en el país, sin importar si ejerció el cargo de forma consecutiva o discontinua.
Morales ya ocupó la presidencia por tres periodos (2006-2019), superando ampliamente los límites constitucionales. El TSE ha anunciado que acatará la sentencia del Tribunal Constitucional que inhabilita al expresidente Evo Morales.
A la inhabilitación constitucional se suma una acusación penal de extrema gravedad. Morales tiene pendiente una orden de detención para que se presente a declarar por el caso de presunto abuso a una menor cuando era presidente.
Un político que enfrenta acusaciones formales por estupro no puede pretender liderar un país que busca fortalecer el Estado de derecho y la protección de los más vulnerables.
En este contexto, resulta profundamente preocupante que Pedro Callisaya, quien debería ser el Defensor del Pueblo, haya propuesto un "diálogo" entre el TSE y sectores afines a Evo Morales.
Callisaya debe recordar que su mandato es defender a todos los bolivianos, no a un expresidente inhabilitado. Su propuesta de diálogo carece de fundamento legal: "Evo Pueblo" no existe como entidad jurídica, no tiene personería jurídica, y el TSE no tiene obligación alguna de negociar con sectores que pretenden vulnerar la Constitución.
El Defensor del Pueblo debe ser precisamente eso: defensor de todos los bolivianos, no "defensor de Evo pueblo".
Morales no solo busca volver al poder; quiere hacerlo a toda costa. Su estrategia no es simplemente una disputa legal, sino una operación política de presión total que incluye amenazas directas al sistema democrático.
Desde el evismo se hacen declaraciones tremendistas sobre el uso de armas de fuego, se advierte que tomarán y quemarán el tribunal electoral, y el propio Morales ha declarado que el TSE será responsable de los muertos que puedan producirse.
Estas declaraciones constituyen una amenaza directa a la institucionalidad democrática.
Los bloqueos de caminos, las movilizaciones violentas y las amenazas de muerte contra funcionarios electorales no son herramientas legítimas en una democracia. Son actos de intimidación que buscan quebrar el Estado de derecho mediante la fuerza.
El Tribunal Supremo Electoral debe mantenerse firme en su decisión de acatar la sentencia constitucional.
No puede haber diálogo sobre lo que ya está resuelto por la máxima instancia constitucional del país, como lo pretende el Defensor.
Permitir que la presión política influencie en decisiones judiciales sentaría un precedente devastador para la democracia boliviana.
La inhabilitación de Morales no es una decisión política, es una aplicación estricta de la Constitución Política del Estado. Los límites a la reelección existen precisamente para evitar la concentración perpetua del poder y garantizar la alternancia democrática.
El expresidente Morales debe entender que su tiempo político ha terminado. La Constitución que él mismo promovió establece límites claros que no pueden ser vulnerados mediante presión, amenazas o violencia.
Bolivia necesita mirar hacia adelante, no hacia un pasado que ya cumplió su ciclo histórico.
El TSE debe mantenerse firme. La inhabilitación de Evo Morales es definitiva, legal y constitucional. No hay diálogo posible sobre lo que ya está resuelto por la ley.
AEP
