Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Previsión y Futuro, llegaron para operar en el país desde 1997, en el marco de la Ley 1732, promulgada en 1996 por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Dicha norma fue muy criticada porque respondía a un proceso de privatización de los sistemas de pensiones, pues otorgaba bajos niveles de rentabilidad para los aportantes.
Han pasado 25 años desde que ambas AFP ingresaron al país implementando un sistema de pensiones que se denominó de capitalización individual. Lo que prometieron fue un nivel de rentabilidad de los aportes de los trabajadores de entre 10% y 11%; sin embargo, durante ese tiempo el promedio fue de solo 2,5%.
En estos 25 años las AFP generaron utilidades por al menos $us 224 millones, recursos que no se quedaron en Bolivia, sino que fueron remitidos a sus países de origen, en el marco de lo que establecen sus contratos, favoreciendo a las filiales, ya que se constituyen en empresas transnacionales.
Lo que llama la atención y hasta parece contradictorio es que, pese a esa situación nada favorable para la población boliviana en estas más de dos décadas, los sectores sociales que hoy reclaman porque la Gestora se hará cargo del sistema de pensiones no emitieron objeción alguna por la anterior administración.
En ese sentido, algo que se debe señalar es que, pese al aún poco tiempo que tiene la Gestora, ya logró cifras positivas, entre ellas el incremento de sus utilidades netas que para 2022 subieron en 128% respecto a una gestión anterior. Asimismo, el patrimonio de la entidad pasó de Bs 3,53 millones en 2020 a Bs 38,42 millones en 2022.
Además, el gerente general de la Gestora, Jaime Durán, explicó hasta el cansancio que los aportes para la jubilación no corren ningún riesgo y están garantizados, ya que son manejados de forma independiente a los recursos propios de la institución, descartó de esta manera que “bajo ninguna circunstancia” serán destinados a otro tipo de gastos operativos o administrativos, y mucho menos para gastos del Gobierno.
Más por el contrario, como beneficio, la Gestora disminuirá las cuatro comisiones que actualmente aportan los asegurados a las AFP a una sola, por lo que los jubilados van a recibir un incremento en su líquido pagable del 1,31% en su pago de pensiones.
Ante este panorama, resulta incomprensible que determinados sectores rechacen el funcionamiento de la Gestora y defiendan a las AFP, la única explicación para que ello ocurra sería que hay carencia de información al respecto o, en todo caso, se esté obedeciendo a una tendencia de desinformación que se intenta posicionar a través de algunos medios de comunicación y redes sociales. En este sentido, lo recomendable sería hacer una revisión histórica del funcionamiento de las AFP durante estos años en el país y recabar información sobre los beneficios que plantea la Gestora, para sacar conclusiones por cuenta propia y no dejarse llevar por falsos rumores que hoy en día abundan.
