Evo Morales sabe hace meses, e incluso años, que legalmente ya no puede volver a postular a la presidencia del Estado Plurinacional; no obstante, su ambición personal y su hambre de poder son tan desmedidas que no repara en llegar a extremos en procura de salirse con su gusto.
Una vez que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró los registros de candidatos para las elecciones generales del 17 de agosto, el evismo pregona una supuesta exclusión ilegal —sin mencionar que la CPE y un fallo constitucional disponen que Evo ya no puede postularse—; pero no solo eso, ahora además anuncian una movilización permanente hasta conseguir la renuncia del presidente Luis Arce, de los vocales del Órgano Electoral y de los magistrados del Órgano Judicial.
Esta inexplicable actitud amerita un doble análisis: las motivaciones y los efectos. En el primer caso, no se trata solo de la angurria y desmedido interés de Morales y su entorno, que quieren retomar el poder a toda costa, también está en juego la situación jurídica del expresidente: rompiendo el orden constitucional y el Estado de derecho — lo que significaría una eventual renuncia colectiva de autoridades de diversos órganos—, también lograrían otro gran objetivo: la impunidad, o al menos el retraso indefinido en el proceso por estupro y trata de personas, por el que ya tiene una orden de aprehensión.
En cuanto a los efectos, las bases de Morales —que se reducen a algunos disidentes de organizaciones sociales, sobre todo con base en el trópico de Cochabamba— no reparan en el enorme daño económico que causan no solo al Estado: el TGE deja de percibir importantes ingresos por los bloqueos de carreteras y sus múltiples consecuencias; sino también a las finanzas familiares y de los emprendedores, de por sí ya seriamente afectadas por el bloqueo político económico que los evistas promueven desde hace un par de años en la Asamblea Legislativa. Quieren desgastar y desestabilizar al Gobierno naciomal, y lo único que logran es someter a la población a la incertidumbre, pues el efecto mayor —la falta de dólares y la consecuente inflación de precios de productos de la canasta familiar— afecta directamente a la ciudadanía y sobre todo a los más humildes a los que dicen representar y defender.
Para justificar esta conspiración, no de otra forma se puede calificar la intención de paralizar el país, Morales y sus seguidores asumen un papel de víctimas con el que no logran convencer a nadie: enarbolan descaradamente un discurso de discriminación a lo indígena, y deslegitiman de esta manera una lucha y reivindicación que en Bolivia es histórica por sus logros. La justicia tarda, pero llega, dice el viejo refrán y, siguiendo la lógica de la sabiduría popular, no hay que olvidar que el pueblo es consciente y sabe evaluar y magnificar la realidad en su verdadera dimensión. Morales olvida eso y parece no vislumbrar que en algún momento le llegará la hora de rendir cuentas.
AEP
