El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya recibió la constancia del primer desembolso de parte del Ejecutivo para viabilizar la votación de bolivianos en el exterior. De esta manera, queda claro que el compromiso del Gobierno nacional con la democracia no halla reparos ni siquiera en la compleja situación de iliquidez de dólares generada por el boicot de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El Ministerio de Economía autorizó al Banco Central de Bolivia (BCB) el desembolso de $us 421.133 a embajadas, consulados y viceconsulados en varios países. Se trata de una primera erogación de varias sujetas al avance del calendario electoral, y no se debe olvidar que, además, Cancillería firmó con el TSE un convenio mediante el cual se compromete a la movilización de personal y la gestión de equipamiento electoral en las legaciones diplomáticas habilitadas para el voto.
De esta manera, queda claro que los órganos Ejecutivo, Electoral y Judicial cumplen sus obligaciones constitucionales y compromisos específicos para garantizar las elecciones nacionales del 17 de agosto; pero, ¿y qué ocurre con el Legislativo? Queda claro que la nueva derecha aunada en el evismo y la derecha tradicional —Comunidad Ciudadana y Creemos— no tienen ningún interés en apoyar la ejecución del proceso electoral. A pesar de que diputados y senadores de oposición se llenan la boca declarando que “las elecciones están en riesgo”, y acusan al gobierno de no garantizar el presupuesto, no se debe olvidar que fueron ellos quienes bloquearon la aprobación de un crédito por $us 100 millones, que iba a ser destinado a los gastos del voto en el exterior, entre otras partidas.
En su afán de desgastar la imagen del presidente Luis Arce, y desestabilizar la gestión del Gobierno nacional, los asambleístas no reparan en el enorme perjuicio que causan a los bolivianos. Junto con este crédito puntual, tienen frenados más de $us 1.000 millones ya gestionados ante organismos internacionales, para obras de infraestructura, programas agropecuarios y proyectos de servicios básicos, entre otros. Están tan metidos en la guerra sucia preelectoral, que no son capaces de dar tregua y cumplir su deber al menos en un tema puntual que debería ser de su mayor interés: asegurar comicios idóneos y transparentes. A ello se comprometieron en marzo en el Encuentro por la Estabilidad y la Democracia, pero desde entonces no solo negaron el crédito, sino que tampoco aprueban otras leyes electorales de crucial importancia: Ley del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP); Ley del Debate Público Obligatorio de los candidatos; ley para ratificar la vigencia plena del principio de preclusión; ley para establecer la paridad y la alternancia en los binomios de candidaturas presidenciales y ley para incluir a los vocales electorales en la norma referida a los juicios de responsabilidades.
Por fortuna, el Gobierno tiene diferentes recursos y posibilidades, aun cuando debe enfrentar la crisis artificialmente armada por la derecha; y así como ya inició la disposición del presupuesto para el voto en el exterior, irá cumpliendo todas sus obligaciones en el marco del calendario electoral.
