En una decisión audaz, el Ministerio de Economía ha emitido una serie de directrices destinadas a las entidades públicas del Estado, marcando un hito importante en la búsqueda de la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
En un comunicado oficial, el Gobierno ha subrayado la necesidad imperativa de garantizar la sostenibilidad financiera y optimizar el gasto público a través de medidas destinadas a racionalizar y reducir gastos sin afectar el funcionamiento esencial de estas instituciones.
Entre las siete medidas dispuestas, se destaca la reducción de gastos en viáticos, bienes y servicios de consumo, como publicidad y difusión, así como la renovación de vehículos, limitando estas acciones estrictamente a lo necesario.
La orientación hacia la optimización de recursos también se extiende a la reducción de gastos en servicios de imprenta, instando a las entidades a adoptar medios electrónicos y páginas web institucionales para la difusión de información, y prohibiendo la impresión de agendas.
En un esfuerzo por modernizar y optimizar aún más las operaciones, el Ministerio de Economía ha instado a las entidades a reducir gastos en pasajes y viáticos.
Además, mediante el uso de tecnologías de información, ese despacho del Ejecutivo ha exhortado a promover una transición hacia métodos más eficientes y sostenibles.
También se enfatiza en la importancia de erogar gastos de manera responsable en activos fijos, limitándose a adquirir solo lo prioritario en términos de equipos de oficina y computación.
Se destaca en las medidas la necesidad de cumplir rigurosamente la normativa que restringe el uso de vehículos oficiales exclusivamente para el desenvolvimiento de funciones de las autoridades designadas, con el objetivo claro de optimizar el consumo de combustible y desalentar su asignación a servidores públicos no autorizados.
En lo que respecta a la compra o alquiler de bienes inmuebles, se establece que solo será posible en casos de extrema necesidad, previo análisis y cumplimiento de la normativa vigente, demostrando un enfoque cauteloso en la gestión de activos.
Por último, la autorización del servicio de telefonía celular se restringe únicamente a funcionarios del primer y segundo nivel jerárquico de la administración central, con cualquier excepción sujeta a la aprobación expresa de la máxima autoridad ejecutiva (MAE).
Es claro que con las directrices de austeridad el Gobierno está comprometido con la responsabilidad financiera y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Estas directrices marcan un paso firme hacia un Estado más austero, priorizando la sostenibilidad y sentando las bases para una administración pública más eficiente y orientada hacia el futuro.
