Sin duda que los legisladores, por lo menos la mayoría, que culminan una gestión de cinco años serán recordados por las bochornosas sesiones que protagonizaron y por haber privilegiado los intereses políticos antes que el bienestar del pueblo y el desarrollo de Bolivia.
Juraron a sus cargos el 8 de noviembre de 2020. Se trata de 130 diputados y 36 senadores que terminaron divididos en diferentes facciones, aunque de inicio pertenecían a las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC), liderada por Carlos Mesa, y Creemos, del gobernador y excívico Luis Fernando Camacho.
El artículo 159 de la Constitución Política del Estado le asigna a la Asamblea 22 atribuciones, entre ellas “dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas”, “aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado” y “preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, además del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Sin entrar en detalles, el mayor número de leyes que aprobaron fueron aquellas consideradas administrativas y con un impacto declarativo, mientras las estructurales fueron las menos. Primero por falta de iniciativa y, segundo, por afanes político-electorales que empezaron a sobreponerse a los intereses nacionales y del pueblo.
Mientras, sobre los créditos hubo un bloqueo sistemático de evistas y opositores que, incluso, apelaron a violentos y bochornosos hechos que difícilmente serán olvidados porque los mostraron ante la sociedad tal como fueron, sin capacidad de dialogar y con odio a quien veían como enemigo, no como adversario.
La Cámara de Diputados fue la de los mayores incidentes. Por ejemplo, el 4 de julio, en su intento por impedir la aprobación de un crédito de $us 30 millones, un grupo de violentos legisladores tomó la testera en medio de insultos, agresiones, gritos y lanzamiento de botellas de agua a quien presidía la sesión.
Mucho antes, en junio de 2021, dos legisladores se agarraron literalmente a puños en una sesión cuando se interpelaba a un ministro. Un hecho similar, aunque en aquella ocasión involucró tanto a legisladores como legisladoras, ocurrió en febrero de 2024. Patadas, puñetes, jalones y gritos fueron la combinación en otra toma de la testera para evitar el tratamiento de un crédito.
El Senado no fue la excepción. En un hecho inusual, 24 senadores, la mayoría del evismo, pidieron licencia al mismo tiempo y evitaron que sesione la Asamblea Legislativa que debía tratar un crédito de $us 30 millones para la construcción del Parque Lineal para La Paz y El Alto.
Estas actitudes no solo se vieron por cámaras separadas, sino en sesiones de Asamblea y, aún peor, cuando eran convocadas por celebraciones especiales, el aniversario patrio del 6 de agosto y la recepción del informe presidencial del 8 de noviembre. El último 6 de agosto, en el día del Bicentenario en la Casa de la Libertad, legisladores no dejaron su cuestionada actitud y volvieron a generar incidentes en tan especial fecha.
El 8 de noviembre de 2024, cuando el presidente Luis Arce debía rendir su informe a la Asamblea, los legisladores atacaron al vicepresidente David Choquehuanca y generaron tal violencia que la sesión fue suspendida. El presidente Luis Arce dio su informe desde un palco instalado frente a la plaza Murillo.
Claramente primaron los intereses político-partidarios y hasta el odio en esta actitud que no pudo estar ausente en la última sesión de esta Asamblea que cerró su gestión el viernes. Al cierre aprobaron leyes y créditos postergados por años en un intento vano de reivindicarse.
Fueron parte de una gestión que no estuvo a la altura de lo que esperaba el pueblo.
AEP
