Durante los últimos cinco años, Bolivia ha enfrentado una tormenta económica y política que transformó la estabilidad de precios en una lucha diaria contra la escasez, el agio y la especulación.
Lo que comenzó como una recuperación pospandemia, terminó siendo un periodo marcado por desinformación, conflictos internos, ocultamiento de productos y una economía cada vez más informal y desordenada.
A esto se sumó uno de los factores quizás más importantes: los bloqueos y movilizaciones que tenían como finalidad que Evo Morales vuelva al Gobierno “como fuera”, discurso envuelto en medio de pretextos y justificativos de supuesta defensa de los bolsillos de los bolivianos.
El gobierno de Luis Arce, que asumió en noviembre de 2020 con la promesa de estabilidad y crecimiento, tuvo que enfrentar no solo los rezagos de la crisis sanitaria global, sino también una profunda división en su propio partido, bloqueos nacionales y una oposición que apostó por el descrédito. En medio de todo, el bolsillo del ciudadano boliviano fue el más golpeado.
La lucha fue frontal y sin descanso, frente a una situación que crecía como una espiral afectando a la economía boliviana. El presidente Luis Arce durante su gestión reiteró en varias oportunidades que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para combatir el agio y la especulación. El objetivo es garantizar que los productos esenciales lleguen a precios accesibles a las familias bolivianas.
De esa forma actuó con firmeza y asumió a lo largo de su periodo gubernamental una serie de medidas y acciones para evitar que, desde la oposición aliada con los empresarios, por un lado, los intermediarios e inclusive los comerciantes finales no oculten los productos y no generen desabastecimiento en el mercado interno.
Este trabajo fue intenso por parte del Gobierno, pero lamentablemente no fue acompañado por los gobiernos municipales que deberían, de acuerdo con la ley, actuar mediante sus intendencias para controlar los centros de abasto, solo se remitieron a mirar “de palco”.
El compromiso y apoyo constante de las organizaciones sociales fue sin duda un elemento central para luchar contra este flagelo que intentó crecer desde todo punto de vista para desprestigiar al Ejecutivo que gobernó en medio de intereses personales, una politización y electoralización temprana.
AEP
