La creación de la Intendencia de Policía en 1906 marcó el inicio de la institucionalidad estatal en Uncía, impulsada por la fiebre del estaño y la presencia de compañías extranjeras.
En esta entrega del Taller del Historiador, presentamos las vicisitudes del nacimiento de una ciudad. Uncía estaba predestinada a erigirse como una ciudad minera, desplazando en ese proceso a la colonial Villa de Chayanta y aspirando a ser reconocida por la Ley Financial, lo que le permitiría elegir concejales y establecer un gobierno municipal. A esa necesidad, el apoyo circunstancial de las empresas mineras, que ansiaban consolidar su presencia en esa región.
Un hecho histórico: la consolidación de la Policía de Seguridad
“En Uncía, a dos de abril horas 8. a.m. del día de hoy de mil novecientos seis años, en virtud de la orden subprefectural de fecha 25 de marzo, se verificó la entrega de la Policía de Seguridad al sr. Eustaquio Miranda en presencia del Corregidor, Parroquial Casto Gonzales y de los agentes Bernabé Giraldes y Francisco Velasco, en la forma siguiente: 21 rifles, sin vaquetas sistema remington con 300 tubos, un sello de goma, un cuaderno de actas, cuatro vigilantes nominados Jesús Guardia, Benedicto Ordoñez, Macedonio Jiménez y Francisco Choque, habiendo dejado Toribio Gutiérrez y Gregorio Iturriche. Interrogado por papel de multas expresó que del dinero de multas tienen cuenta rendida a la subprefectura”.
Con ese significativo acto oficial, en los albores de la creación de la provincia Rafael Bustillos, Eustaquio Miranda Landaeta fue designado intendente del mineral de Uncía, ejerciendo, de esa manera, la potestad para imponer la era de poder y autoridad que se introdujera apenas unos años antes en el mineral de Uncía. Se trataba, sin duda, de un hecho de alto simbolismo, pues tal cargo era privativo de las villas y ciudades, con municipios establecidos y reconocidos. Uncía se privilegiaba con contar, nuevamente, con una autoridad tan importante. El régimen de gobierno establecido a través de la Intendencia (Policía) está documentada en la copiosa correspondencia remitida por la oficina de la Intendencia, con el subprefecto de la provincia, con asiento en Colquechaca, entre el 2 de abril y el 24 de diciembre de 1906.
En muchos poblados rurales o provinciales, la presencia del intendente significaba la atención del Tesoro Nacional o Departamental, que fijaba en el presupuesto anual, las partidas correspondientes para la contratación de vigilantes, la dotación de insumos, alquiler de oficinas y construcción de celdas. En otras palabras: un pueblo tenía identidad si era considerado en el presupuesto de la nación, por ende, debía ser reconocida como sección municipal y tener junta constituida, pero en el caso de Uncía fue al revés, su inclusión en el presupuesto departamental fue, de hecho, antes de la erección de la junta municipal y antes de la creación de la provincia Bustillos, que era la vía de derecho.
Finalmente, la orden para retirar al anterior intendente Manuel Urquidi fue instruida por el subprefecto Benjamín Zilvetti, el 18 de abril. El flamante funcionario, apenas recibió las instalaciones de la intendencia, percibió las condiciones ínfimas en las que se debatía la institución del orden, que contaba con unos pocos y míseros activos fijos.
Ese mismo día, mediante telégrafo, urge: “aumentar diario conforme Colquechaca para organizar fuerza inmediatamente de diez hombres, uniformes debe tenerlos en el cuartel, menaje necesario, una mesa para sentar actas de demandas, seis silletas, un copiador corriente para llevar lista de multas, papel multas y dinero no existe”.
Pronto se quedó sin vigilantes, pues estos desertaron del puesto por el mísero diario asignado, de apenas 80 centavos. Era preferible, para cualquier hombre que se preciara, enrolarse en una de las tres compañías mineras que explotaban el estaño desde principios de siglo, cuya boya precisamente fue el acicate para el establecimiento de la Intendencia en Uncía, a ejercer las funciones de vigilante.
En su primer informe al subprefecto, levanta un retrato de la población, analiza el estado de seguridad ciudadana y criticó acerbamente a sus antecesores: “Por la aglomeración crecida de gente en todos estos minerales y por no haber llenado en lo mínimo los fines patrióticos y progresivos con que desarrolla el Supremo Gobierno, es de urgente necesidad organizar por lo menos un piquete de diez a veinte hombres y un comisario para poder atender correctamente tal cual requieren estos pueblos nuevos, pues desde el principio parece que han aceptado este cargo tan solo por lucrar de donde resultó que la policía ha sido menospreciada y aun atacada por los habitantes que están arraigados con los vicios de vivir sin reprensión cometiendo abusos, exacciones y desórdenes sobre los individuos débiles. Los vigilantes que he recibido ganan 80 centavos diarios que aun mi antecesor no les ha abonado un solo centavo por el espacio de tres meses que han servido, de aquí resulta que estos desaparecen a cada momento y duermen lejos de la policía, quedando sin acción en un momento dado y por parte de noche para reunir y atender cualquier desorden que se suscitare, es preciso señalar sueldos como los diarios en la policía de Colquechaca o Uyuni, en atención a la vida sumamente escasa y cara; necesitamos para desempeñar e infundir respeto acuartelarlos i uniformarlos de inmediato, en su defecto gestione usted para que algún piquete de línea se traslade”.
Tempranamente, el sagaz intendente destaca dos aspectos que serían una constante en la historia de los minerales de Uncía y Llallagua: su importancia para el desarrollo de la economía nacional y la necesidad de la presencia militar, al decir un piquete de línea.
Inmigrantes y el imperio de la ley
Los minerales de Uncía, a la manera de un poderoso imán, habían generado una corriente migratoria impresionante, que hizo trepar el índice demográfico, pues a la par de huaynas (jóvenes) de los ayllus originarios, trajinaban en las polvorientas calles de tierra de Uncía, jóvenes vallunos procedentes de Cochabamba, obreros chilenos, mineros e industriales escoceses e ingleses, ingenieros alemanes, administradores americanos, comerciantes turcos y arquitectos italianos. Uncía adquiría la fisonomía de una ciudad cosmopolita.
Una influyente colonia de escoceses destacaba en ese abigarrado multinacional, aunque ésta prefirió establecerse en Amayapampa, explotando oro y dejando el estaño a ingleses (como Minchin) y nativos como Simón I. Patiño o el coronel Pastor Sainz.
La única presencia del Estado en los minerales era el intendente y los corregidores, pero ni siquiera el primero tenía garantía de su vida. Efectivamente, Eustaquio Miranda Landaeta fue atacado de mala manera “el día 22 de los corrientes como a horas 4 p.m. y en calle pública”, por Juan Galetovic, súbdito austriaco, “quien alentado por la impugnidad de que posee me puso manos violentas causándome contusiones como consta del reconocimiento que mantengo en mi poder para su caso. Este hecho inaudito me obligó a arrestarlo por 12 horas y aplicado la multa en su máximum”.
Pero no solamente fue el austríaco quien ofendió al intendente, sino también “el insolente Francisco Gutiérrez, un mozo completamente díscolo y vicioso, que antes de haber la fuerza actual”, faltó malamente a esa autoridad, emprendiendo rauda fuga a Cacopni o Pocoata, pidiendo su captura por medio del subprefecto de Colquechaca.
La inseguridad había tocado las sensibles fibras del funcionario, quien, en todo caso se hallaba frente a un dilema, pues era poco usual que se dé trato descortés a los súbditos extranjeros. En su informe, retrata con claridad la precaria posición de la autoridad, la conformación social de la población foránea, y las medidas urgentes para fortalecer la guardia, proponiendo una solución a la carencia de fondos del Tesoro Departamental: “Si no lo hago juicio criminalmente es por falta absoluta de un agente fiscal, cargo que hasta ahora no se ha provisto, con grave detrimento del orden público y de los litigantes en general; lo propio la falta de gente de línea que deben componer en la policía, para mejor servicio, hace que las determinaciones de la Intendencia se hagan nugatorias. La superioridad ojalá obtuviera unos 8 hombres de una de las columnas para este lugar, los que serían pagados con arreglo al presupuesto que es de 80 centavos diarios, a esto se me puede autorizar que les complete a 1 Bs. 50 ctvos. a cada uno conforme ganan los de la Columna Colquechaca de las multas provenientes asignándoseles de esta manera un sobresueldo. Solo en esta condición tanto el orden público, como las garantías individuales pueden estar asegurados, de otra manera la policía no tendría acción enérgica, atentos las razones que aquí la gente está reunida de bandoleros y criminales que beben a diario. Los pocos que sirven en la policía son viejos y defectuosos, porque la gente buena se ocupa en los trabajos donde ganan tres cuatro bolivianos diarios y por esto no quieren vivir en la policía por 80 centavos”.
Este último informe tuvo efecto parcial ante la Prefectura que le remitió 8 ternos vestuario para vigilantes. En el interín impuso una fuerte multa al súbdito austríaco encuadrándolo al orden y respeto, provocando fuerte impacto en la colectividad extranjera, pues comprendieron que era un sutil mensaje del intendente hacia ellos.
La situación de la intendencia, no obstante, no mejoró. Continuaban sin fondos para cubrir los diarios de los vigilantes, el alquiler de una habitación, el haber de la autoridad y otros pequeños gastos. Los presupuestos enviados al Tesoro habían sido devueltos con la observación de que debían contar con un certificado de la subprefectura, un requisito que el intendente había omitido y que recién se dispuso a remitir por correo a San Pedro, según consta en su correspondencia con el subprefecto Zilvetti. Uncía, 25 de abril de 1906.
Funciones de la intendencia
La responsabilidad de resguardar el buen gobierno, la seguridad ciudadana en la población civil y los campamentos de las empresas mineras de Uncía eran tan sólo parte de las obligaciones de la intendencia. En Llallagua, simplemente, no existía presencia policial. Sus funciones se extendían más allá de los límites específicos, abarcando aspectos relativos a la salubridad de la población, comicios electorales, búsqueda y detención de omisos y desertores, colaboración a autoridades de otros municipios.
En la gestión de Manuel C. Mercado, antecesor de Miranda, el intendente llevó adelante la inscripción de armas de la empresa de Simón I. Patiño, como señala en su comunicación al subprefecto, en enero 13 de 1906, que vendría a ser otra responsabilidad de la intendencia.
La salubridad era de importancia crucial. Efectivamente ese año, la intendencia desempeñó un rol importante “para atender de una manera eficaz el flagelo de la tifus que desola este pueblo”, convocando a una asamblea el 28 de abril, a todo el vecindario de Uncía y Llallagua, instruyendo tomar medidas preventivas. Los vecinos notables, reunidos en un mitin en la Policía, determinaron conformar un cuerpo dirigente para cuidar el aseo y salubridad en los distintos barrios de Uncía, pero lo más importante fue la firma de un acta “pidiendo al gobierno la dotación de un médico titular, en atención al peligro que nos acosa”, lo que constituye un avance en la configuración de los servicios básicos de tipo urbano.
El 10 de mayo informó sobre las elecciones que, por entonces, se verificaban en la villa de Chayanta. En esa oportunidad, el intendente dispuso el acuartelamiento por tres días, de 8 de sus 12 hombres, aunque la presencia policial tenía el propósito de evitar confrontaciones entre vecinos del mineral de Uncía y la Villa de Chayanta, es decir: “a fin de evitar el antagonismo sobre asiento judicial de este con aquel pueblo, que se vienen enconando desde hace tiempo”.
En ese contexto, el intendente confrontó serios problemas para mantener el orden público, complicándose esa situación por la presencia de renuentes al servicio militar, que acudían a los minerales de Uncía, una especie de tierra sin ley, donde anteriormente no existía presencia del Estado. Ante la acción del intendente éstos optaron por cambiar de identidad, y eran solidariamente escondidos por los mineros.
Cansado, Miranda, informó que “se han hecho las indagaciones precisas por el sorteado Pablo Quispe, y no tengo noticia de él. Supongo ha cambiado el nombre como de continuo sucede acá”. Pese a sus infructuosas búsquedas, era difícil dar con el sorteado, sobre todo por el desconocimiento su nueva identidad, allí en la mina “donde existen innumerables trabajadores, sin embargo no cesaré en inquirir por él”.
Una de las funciones del intendente, en estos casos, era el de investigar los casos de solicitudes de excepción de los sorteados, como fue el pedido de Eduardo Campos, de una licencia de 50 días, por hallarse como gerente de una empresa minera en Catavi, en ausencia de su patrón.
Por esos tiempos, Uncía ya se configuraba como un importante centro comercial y económico del país, y sin duda era el centro donde mayor circulación de efectivo se verificaba. Esa situación motivó la incursión de un grupo de falsificadores en la región, al que Miranda persiguió sin denuedo, aunque el principal cabecilla, Telésforo Avilés, se movió en dirección a Chayanta, al recibirse información del subprefecto de la provincia Avaroa, del 23 de mayo de 1906, que señalaba que fugó de Challapata, luego de hacer circular billetes falsos en profusión en la feria de Guari.
De Chayanta, pasó a la Hacienda de Asiruri, distante 45 kilómetros de Uncía; donde efectivamente llegó el diligente Miranda para capturarlo; pero “una vez en la finca a horas 5 a.m. no lo encontré, ni menos huella alguna se pudo ver”, confiesa el frustrado jefe policial. Avilés se dirige más al norte de la provincia, definiendo temporalmente su residencia en Quinamara, a 25 kilómetros de San Pedro “cobrando diezmos con otro compañero suyo Apolinar López, con quien tienen vital costumbre de falsificar monedas”.
La banda de falsificadores, al parecer, tenía su centro de operaciones en Potosí, con posibles ramificaciones en Cabaluma, La Paz, el 30 de mayo de 1906, donde estuvo presente en la feria de esa localidad y, posteriormente, en Guari, con el propósito de hacer circular moneda falsa.
Por: Luis Oporto Ordóñez/
Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas. Docente titular de la carrera de Historia de la UMSA.
