El miércoles 25 de junio, los candidatos Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga participaron en un foro organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en instalaciones de la Fexpocruz. Más que un encuentro técnico o un espacio de debate plural, el evento funcionó como una plataforma política desde donde el bloque agroempresarial cruceño reafirmó su proyecto de país, alineado con el retorno del modelo neoliberal: reducción del Estado, privatización, desregulación ambiental y priorización del agronegocio como núcleo económico.
Los tres candidatos, representantes históricos de la derecha tradicional boliviana, se mostraron en completa sintonía con las demandas del sector agroindustrial: mayor seguridad jurídica sobre tierras, sanciones más severas contra los avasallamientos, aprobación sin restricciones del uso de biotecnología y semillas transgénicas, y liberalización total del comercio exterior. Lejos de matices o propuestas diferenciadas, lo que se evidenció fue un acuerdo de clase, una alianza estructural entre elites económicas y políticas con miras a reorganizar el Estado en función de los intereses agroexportadores.
En este contexto, cabe destacar que en 2024 las exportaciones de soya y sus derivados en Bolivia se redujeron en un 39 % respecto a 2023 —debido principalmente a la sequía y a la caída de precios internacionales—, pero el sector agroindustrial aún logró exportar USD 81,1 millones en grano de soya y USD 984,3 millones en productos derivados. Para sostener esta actividad, el Estado boliviano subvencionó al sector con Bs 5,16 por cada litro de diésel, lo que en Santa Cruz representó un subsidio total de Bs 585 millones (USD 84 millones). En contraste, el aporte tributario directo del sector fue apenas de USD 25 millones, generando un desequilibrio fiscal significativo.
A pesar de estos datos, los candidatos asistentes al foro coincidieron en que el problema radica en la “sobrerregulación estatal” y en los “obstáculos burocráticos”. Doria Medina anunció que “van a eliminar todas las restricciones”, Manfred Reyes Villa prometió “homologar todo desde el arranque del próximo Gobierno”, mientras que Quiroga criticó las regulaciones comparándolas con modelos como el cubano y venezolano, afirmando: “No todo es obligar o prohibir”.
Estas posturas reflejan un claro alineamiento ideológico con los intereses de los grandes grupos agroempresariales, que no se limitan a influir sobre las políticas públicas, sino que ahora buscan directamente constituirse en dirección política del país. La pretensión de transformar al Estado en un facilitador irrestricto de negocios agroindustriales se inscribe en una estrategia de acumulación centrada en la extracción de rentas públicas y el uso de recursos estatales para garantizar la rentabilidad del capital privado.
Al mismo tiempo, resulta fundamental evitar gene- ralizaciones que equiparen a todos los actores del sector soya en Bolivia. Según Salazar (2022), solo el 2 % de los productores controla el 70 % de la tierra destinada a este cultivo, mientras que el 78 % de pequeños productores accede apenas al 9 % del total. Esta asimetría también se traduce en la distribución del valor generado: los pequeños productores reciben entre el 18 % y el 25 % del total, mientras la mayor parte de las ganancias va a parar a las grandes agroexportadoras. La concentración del acceso a la tierra, del excedente económico y de la voz política deja en claro que el problema no radica en los pequeños pro- ductores, sino en el modelo estructural de concentración y despojo que rige el agronegocio.
En 2024, el precio internacional del aceite de soya osciló entre USD 1.000 y USD 1.063 por tonelada. Ante esta cotización favorable, los grandes productores priorizaron la exportación, incluso a costa del abastecimiento interno. Esta orientación puramente mercantil obligó al gobierno a limitar temporalmente los permisos de exportación entre enero y marzo de 2025 para evitar el desabastecimiento y controlar la inflación. Sin embargo, la caída en la producción nacional (estimada en 18,8 %) agudizó la escasez de materia prima para la industria local.
Como resultado, se produjo un proceso especulativo en el mercado interno, comerciantes y grandes distribuidores comenzaron a acaparar el producto o a venderlo a precios inflados, entre Bs 20 y Bs 25 por litro. Todo esto mientras las refinerías bajo regulación ofrecían el aceite a precios significativamente más bajos (entre Bs 11,50 y Bs 13,40), muy por debajo del valor internacional. En este fenómeno tuvo un papel central el núcleo empresarial conformado por ADMSAO, Cargill, Fino, Gravetal y el grupo Marinkovic, que controlan el 95 % del mercado oleaginoso nacional. Este oligopolio no solo restringe la competencia real, sino que impone precios, concentra ganancias y reproduce una lógica de mercado excluyente y dependiente.
A ello se suma el papel de los medios de comunicación, como Unitel y Red Uno, fuertemente vinculados al empresariado agroindustrial, que operan como plataformas de difusión de sus intereses y refuerzan una narrativa que invisibiliza la desigualdad estructural, criminaliza la protesta social y promueve un modelo de país subordinado al agronegocio.
En gobiernos de corte neoliberal (1990–2005 y 2019– 2020), ya se aplicaron medidas similares: liberalización de mercados, eliminación de impuestos a la exportación, retiro de subsidios sociales y desregulación ambiental. En 2024, grandes agroexportadoras incluso incumplieron acuerdos de repatriación de divisas y aun así accedieron a devoluciones impositivas por Bs 1 000 millones, según reportes de prensa (Los Tiempos).
Lejos de ser un actor económico más, la agroburguesía del oriente pretende pasar del poder económico al político, consolidando una hegemonía empresarial sobre el Estado. Su agenda va más allá de lo productivo, incluye la modificación del marco constitucional, el debilitamiento de los derechos colectivos, la criminalización de comunidades indígenas y campesinas, y el intento de restaurar una república excluyente, patriarcal y extractivista.
La disputa por el modelo de país exige la construcción de alternativas fundamentadas en la soberanía alimentaria, la justicia redistributiva, la defensa de lo común y la transformación del Estado desde una perspectiva anticapitalista y antipatriarcal. No basta con contener el avance del bloque agroindustrial; es necesario redistribuir la riqueza, democratizar el acceso a los recursos y reorganizar la economía en función de una vida digna para las grandes mayorías, y no del lucro de una élite empresarial privilegiada
Referencias
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Rosales Melgar, Á. (11 de marzo de 2025). Exportaciones de soya y sus derivados cayeron en más de US 690 millones en 2024, según el INE. Canal Rural. produccion.gob. bo+6unitel.bo+6reportechaco.com+6
Notibolivia Rural. (7 de enero de 2025). INE: las exportaciones de soya y sus derivados disminuyen en más de US 671,9 millones durante 2024. notiboliviarural.com
EDigital. (11 de marzo de 2025). Exportaciones de soya y sus derivados cayeron en más de US 690,7 millones en 2024, según el INE.
La Razón. (8 de abril de 2025). Gobierno garantiza diésel subvencionado para el sector agropecuario.
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Medinaceli, M. (2025, 20 de enero). El costo de la subvención a los hidrocarburos... Bolivia en cifras (boliviaen- cifras.com).
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2025). Decretos supremos PGE 2025.
Salazar, H. (2022, 24 de agosto). Agronegocio: sector “parásito” de la economía boliviana. El País.
Scribd. (2023, agosto). Las subvenciones a los productos alimenticios.
YPFB / La Razón / ABI – complementan datos sobre YPFB y el mercado de hidrocarburos (abi.bo, la-razon.com).
Por: Jhonn Lucuy
