Cuarenta años después del Decreto Supremo 21060, Bolivia vuelve a debatir los límites entre la estabilidad macroeconómica y el rol del Estado en la producción.
Las tensiones fiscales, los desafíos externos y las comparaciones con Argentina o los años noventa reavivan la pregunta sobre si podría repetirse un ajuste estructural. Sin embargo, el contexto actual es distinto: no existe una hiperinflación desbordada, las empresas públicas siguen generando utilidades y la sociedad boliviana ha desarrollado una mayor conciencia sobre el valor estratégico del sector estatal. Este análisis busca entender por qué el escenario de un nuevo “shock” orquestado por los liberales parece el más probable, aunque ciertos factores podrían volverlo posible si convergen crisis, narrativa y presión externa.
El ajuste económico de 1985 en Bolivia, conocido como Decreto Supremo 21060, fue una de las decisiones más drásticas en la historia económica del país. Promulgado el 29 de agosto de ese año, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, marcó el inicio del modelo neoliberal en Bolivia.
El decreto, elaborado con asesoramiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), impuso un cambio estructural profundo: liberalización de precios, despidos masivos, congelamiento del gasto público, apertura comercial y reducción del Estado. La medida más simbólica fue el cierre de COMIBOL, que dejó sin empleo a más de 23.000 trabajadores. Además se promovió la “relocalización” minera y se permitió que el mercado determinara libremente el valor del dólar.
Si bien la hiperinflación —que superaba el 24.000% anual— cayó a menos del 20% en solo un año, el costo social fue altísimo: desempleo masivo, pobreza, migración y pérdida del rol productivo del Estado. Con el tiempo, este ajuste abrió paso al modelo neoliberal de los años 90, bajo el discurso de la “modernización”, cuando se implementó la capitalización y privatización de las empresas públicas.
No obstante, los resultados de las últimas décadas muestran una historia diferente. Según un reporte oficial, entre 2005 y 2024 las empresas públicas bolivianas generaron una utilidad neta acumulada de Bs 66.014 millones. Datos del Banco Central de Bolivia (BCB) revelan que los resultados de estas empresas crecieron de Bs 71 millones en 2005 a varios miles de millones en 2015–2016. En conjunto, esto demuestra que el sector público empresarial no está destruido ni es marginal: sigue generando beneficios reales y sostenidos.
Existen, además, factores que podrían frenar cualquier intento de repetir un ciclo de privatización o ajuste estructural extremo:
Las utilidades reales de las empresas públicas justifican su continuidad y fortalecimiento, no su venta.
* La base social y política que las respalda es sólida: muchos sectores las consideran parte del patrimonio nacional.
* Los cambios en la economía global muestran que la ola privatizadora de los años 90 dejó más pérdidas que beneficios en varios países, lo que desincentiva medidas similares.
Bolivia, con la experiencia acumulada de cuatro décadas, enfrenta hoy el desafío de equilibrar eficiencia y soberanía económica. Las lecciones del 21060 muestran que estabilizar precios puede ser necesario, pero nunca a costa del tejido social ni del desarrollo productivo nacional.
Escenarios futuros: ¿qué podría pasar?
Partiendo de lo expuesto, propongo tres escenarios para el futuro de las empresas públicas en Bolivia:
|
Escenario |
¿Qué implica? |
Probabilidad relativa* |
|
A – Continuidad y fortalecimiento |
Las empresas públicas se mantienen, modernizan, se hace una reforma interna de eficiencia sin privatización. Utilidades crecen, se retienen beneficios. |
Moderada a alta |
|
B – Ajuste interno sin privatización |
Ante crisis fiscal, reducción de transferencias, recorte de inversión pública, pero se evita la venta de empresas. |
Moderada |
|
C – Ajuste + privatización parcial o total |
Se aplica discurso de “empresa ineficiente”, se transfieren al sector privado activos estatales o se abre participación mayoritaria. |
Baja a moderada, pero con riesgo creciente |
*Estimación cualitativa.
Hoy, a diferencia de 1985, Bolivia no atraviesa una crisis hiperinflacionaria ni un colapso económico que justifique medidas de shock. Las empresas públicas, lejos de ser una carga, han mostrado utilidades sostenidas en los últimos años, generando más de Bs 66.000 millones entre 2005 y 2024. Además, la base política, legislativa y social que podría respaldar una ola de privatizaciones es mucho más débil que en los años noventa. La memoria colectiva sobre los efectos del Decreto 21060 y la capitalización refuerza la idea de que la estabilidad económica no puede construirse a costa del desmantelamiento estatal.
Sin embargo, un escenario similar podría reactivarse si convergen tres factores: una crisis fiscal severa, un discurso político que culpe a las empresas públicas del déficit y una presión internacional que exija liberalizar el mercado. Bajo esa combinación, se repetiría el patrón clásico del ajuste estructural: primero recortes y apertura, luego debilitamiento de las empresas estatales, y finalmente su venta. La historia muestra que estos ciclos pueden resurgir cuando la coyuntura económica y las narrativas externas vuelven a alinearse, por lo que la vigilancia social y política sigue siendo crucial.
¿Qué debe vigilarse?
Para evitar un ciclo de ajuste y privatización que repita errores del pasado, sugeriría que los tomadores de decisiones y la sociedad vigilen estos indicadores clave:
La transparencia de las cuentas de las empresas públicas: ¿Se publican utilidades y pérdidas reales o hay transferencias ocultas?
La proporción de activos estatales en riesgo de venta: ¿Se promueven leyes o propuestas que faciliten privatizaciones sin debate público?
Las condiciones del discurso público: si las empresas estatales comienzan a describirse sistemáticamente como inútiles o costosas.
La salud fiscal del Estado: si el déficit escala y el Estado busca recortar a través de entrega de activos públicos.
En resumen: no es inevitable que Bolivia repita el ciclo de los 80-90. Pero sí existe el riesgo. Las utilidades presentes de las empresas públicas son un punto de apoyo, pero también podrían servir como argumento de venta si la narrativa cambia hacia que “ya cumplieron su ciclo”. El desafío es lograr que la reforma y modernización de esas empresas ocurra sin entrega de control a privados y sin que el Estado pierda soberanía.
De la estabilización a la privatización
Durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993–1997) se aplicó la segunda fase del ajuste: la venta parcial o total de las empresas estratégicas del Estado a capitales extranjeros. Bajo el argumento de que “el Estado no tiene recursos”, se transfirieron activos de YPFB, ENDE, ENTEL, LAB, ENFE y Vinto.
Los inversionistas extranjeros adquirieron el 50% de las acciones e inyectaron capital equivalente al valor de esas acciones, en teoría para expandir y modernizar las empresas. El otro 50% se destinó a los fondos de pensiones, que supuestamente beneficiarían a todos los bolivianos.
Pero el resultado fue otro: las transnacionales controlaron sectores estratégicos, repatriaron utilidades, aumentaron tarifas y redujeron el empleo. El país perdió soberanía económica, y el descontento social derivó en las grandes rebeliones de inicios de siglo: la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003), que pusieron fin al ciclo neoliberal.
El fantasma del ajuste vuelve a rondar
Hoy, cuatro décadas después del DS 21060, los fantasmas de aquel ajuste parecen volver a asomar, ahora en un contexto regional distinto pero con mensajes similares.
En Argentina, más de 25 empresas por mes cierran o se privatizan bajo el discurso de “reducir el gasto” y “devolver eficiencia al mercado”. Los mismos argumentos que en su momento justificaron la venta del patrimonio público en Bolivia reaparecen en el lenguaje tecnocrático de los “ajustes fiscales” y los “planes de estabilización”.
¿Podría ocurrir lo mismo en Bolivia?
Aunque el último informe del FMI reconoce que las empresas públicas bolivianas siguen generando crecimiento y utilidades, algunos sectores insisten en promover un “ajuste” que recorte la inversión pública y limite el rol del Estado.
La historia enseña que el ajuste suele comenzar con un relato económico, pero termina siendo un proyecto político: primero se debilita al Estado, luego se desprestigia a sus empresas, y finalmente se las privatiza.
Así fue en 1985, cuando se culpó a las empresas estatales de la inflación. Así volvió a ocurrir en los 90, cuando se las acusó de ser ineficientes para justificar su venta.
Lecciones de la historia
Hoy Bolivia mantiene un modelo mixto, con un Estado que participa en la economía a través de empresas estratégicas —YPFB, ENDE, ENTEL, BOA, EBIH, Emapa— y un sector privado que también cumple un rol importante. Ese equilibrio ha permitido resistir los choques externos y sostener niveles de crecimiento superiores al promedio regional.
Sin embargo, si se reactiva el discurso del “ajuste necesario”, es posible que se repita la secuencia conocida: primero el ajuste, luego la guerra desde el Estado contra sus propias empresas públicas, con el fin de mostrar números negativos y abrir el camino a una nueva ola de privatizaciones.
La memoria económica del país es clara: cada vez que el Estado fue desmantelado, el costo lo pagaron los trabajadores, los campesinos y la soberanía nacional.
¿Repetiremos el ciclo?
Bolivia se encuentra frente a una encrucijada. Mientras los organismos internacionales piden “disciplina fiscal” y ciertos sectores políticos promueven la reducción del Estado, las empresas públicas siguen siendo una fuente de inversión, empleo y desarrollo.
El desafío no es volver al ajuste, sino modernizar sin desmontar, eficientar sin entregar y reformar sin privatizar.
Porque si algo enseña la historia, es que los ajustes no solo cambian economías: cambian destinos. Y Bolivia ya conoce el costo de ese experimento.
Por: Martín Moreira/
