En cada proceso electoral, las encuestas de intención de voto se convierten en protagonistas casi absolutas del debate público.
Publicadas con frecuencia, replicadas hasta el hartazgo por medios de comunicación y citadas por candidatos y analistas como si fueran resultados definitivos, su impacto ha generado una interrogante: ¿deben ser reguladas estrictamente? ¿Son realmente herramientas neutrales o han terminado por distorsionar el proceso democrático?
En Bolivia, ejemplos recientes revelan que las encuestas pueden fallar de manera significativa. Se han visto sondeos que ponían a Samuel Doria Medina como el favorito y terminó tercero, ninguna de ellas ha situado como ganador en primera vuelta a Rodrigo Paz como ha sucedido en realidad. La necesidad de restringir o regular el mercado de encuestas no es una obsesión infundada. La evidencia ha mostrado que estas herramientas no sólo informan: también influyen. Su efecto se puede observar tanto en el sistema político como en el comportamiento individual de los votantes. Se ha evidenciado que las encuestas han desplazado la discusión sobre propuestas y programas por una lógica de “carrera de caballos”, donde lo único que parece importar es quién va ganando. Este fenómeno transforma la política en espectáculo y degrada el contenido del debate democrático o sobre los programas de gobierno.
Más preocupantes aún son algunos otros resultados. Estudios han identificado que las encuestas pueden inducir a votar por el favorito, por el perdedor como acto de rebeldía o incluso provocar votos estratégicos alejados de convicciones ideológicas. Aun sin plena conciencia, los ciudadanos pueden estar tomando decisiones influenciadas por encuestas no siempre rigurosas ni transparentes. En este contexto, el riesgo de manipulación --ya sea por actores políticos o empresas encuestadoras-- no es un escenario hipotético, sino una tentación real.
Ante estos desafíos, distintas democracias han ensayado mecanismos de regulación. El más conocido es el “embargo”, que impide publicar encuestas en las semanas previas a la elección, no solo contados días al del plebiscito como sucede en Bolivia. Una alternativa es la publicación obligatoria de la ficha técnica con gran transparencia. Esto permite al público evaluar la credibilidad de la encuesta al conocer quién exactamente la financia, cómo se realizó, cuántas personas participaron y qué preguntas se hicieron. Esto podría evitar sesgos ideológicos de las casas encuestadoras.
Más ambicioso aún es el modelo de certificación por instituciones internacionales especializadas, donde las encuestas deben cumplir estándares mínimos de calidad para poder ser difundidas. Este mecanismo apunta a un problema real: la proliferación de encuestas sin sustento metodológico, cuyo único fin es moldear la opinión pública. Por supuesto, ningún mecanismo es perfecto, pero frente a la creciente mercantilización de las encuestas y su uso como herramientas de propaganda disfrazadas de ciencia, pensar en una mejor regulación significa garantizar que la información que recibe la ciudadanía sea veraz, transparente y útil.
Nadie debería oponerse a una regulación estricta, especialmente a la luz de los recientes acontecimientos en Bolivia. Lo que se difundió no pareció ser información objetiva, sino un intento de manipular el voto e inducir a la ciudadanía a elegir entre dos candidatos —Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga— con el aparente propósito de favorecer intereses particulares. En un sistema saturado de datos y ruido, la regulación de las encuestas no solo protege la libertad y el voto ciudadano, sino que también constituye un mecanismo esencial para resguardar la democracia frente a intereses oscuros.
Por: Jaime E. Buitrago Romero/
