Bolivia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, marcado por una compleja situación económica y un clima electoral cada vez más denso a medida que se acerca el 17 de agosto.
En este escenario, diversos frentes políticos alimentan la incertidumbre social manipulando emocionalmente a las personas que esperan una jubilación digna tras años de trabajo.
Entre memes, declaraciones oportunistas y “opinólogos” de ocasión, se intenta confundir a la población con una retórica sin pruebas, asegurando que la Gestora Pública habría transferido los aportes de los asegurados al Ejecutivo para cubrir importación de carburantes, pagar sueldos a funcionarios y hasta financiar eventuales fugas de gobernantes.
Todos los candidatos y también quienes quedaron fuera de la contienda parecen apuntar a un mismo blanco: desacreditar la administración estatal de los fondos de pensiones. Mientras unos proponen eliminar la Gestora Pública para devolver el manejo de los ahorros previsionales a las AFP privadas, otros lanzan promesas sin base técnica ni conocimiento real del funcionamiento del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
Se difundieron incluso reportajes que aseguran, sin sustento documental, que la Gestora entregó al Gobierno USD 24 mil millones, dineros que, afirman, no retornarían jamás a las arcas de la seguridad social. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida en reiteradas oportunidades por los ejecutivos de la institución, quienes con cuadros y documentos oficiales han demostrado que las inversiones en bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) están respaldadas, con rendimientos mayores a los que ofrecían las AFP privadas, y que hasta la fecha no se ha registrado ningún incumplimiento de pago, ni en capital ni en intereses.
Para dimensionar la situación
Del total administrado por la Gestora, Bs 65.170 millones están invertidos en instrumentos emitidos por el TGN. De ese monto, hasta mayo de 2023 las AFP privadas habían invertido previamente Bs 47.256 millones, y, posteriormente, la Gestora colocó Bs 17.914 millones en las mismas emisiones. El rendimiento obtenido por las AFP era de 3,92%, mientras que bajo la administración de la Gestora alcanzó a 5,72%. Todos los pagos se han realizado puntualmente, sin retrasos, como lo confirma una publicación de medios nacionales del 6 de mayo de 2025.
Sin embargo, en medio de esta campaña electoral, parece que los verdaderos intereses de los candidatos pasan por captar el voto de los jubilados y asegurados a través de falsas promesas. Algunos aseguran que la Gestora continuará, pero solo para quienes así lo deseen, y quienes no podrán transferir sus aportes a AFP privadas. Otros proponen la eliminación total de la Gestora y la restauración de la administración privada. Y hay quienes anuncian auditorías a los fondos, sin comprender siquiera la estructura ni la normativa que rige el Sistema Integral de Pensiones en Bolivia.
Lo que no dice ninguno de los “potables candidatos” es cómo harán para modificar el artículo 45 de la Constitución Política del Estado que establece: Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. Que, además, en el parágrafo segundo determina los principios de Universalidad, Integralidad, Equidad, Solidaridad, Unidad de Gestión, Interculturalidad y Eficacia.
En definitiva, las elecciones se han convertido en un escenario para vender ilusiones, en nombre de la “protección a la población”, cuando en realidad se persiguen intereses políticos personales. Algunos candidatos prometen cuidar “por siempre y para siempre” la jubilación de los bolivianos, aunque para ello se deba aumentar la edad de jubilación hasta los 65 años.
¿No sería más responsable presentar propuestas técnicas, viables y sustentadas en estadísticas reales sobre el SIP, antes que apelar a la especulación y al discurso barato?
Elecciones y pensiones: dos temas que merecen ser analizados con seriedad y responsabilidad, para evitar engaños a una población que solo espera seguridad y dignidad para su vejez.
Por: Orlando Burgoa/
