La crisis climática y ambiental que atraviesa el mundo ha puesto en el centro del debate la necesidad de diseñar una transición ecológica justa, capaz de superar los patrones de explotación y despojo que caracterizaron al modelo extractivista.
Sin embargo, para que esta transición no reproduzca las mismas desigualdades históricas es fundamental incorporar una perspectiva de género que reconozca cómo los impactos del extractivismo han recaído de manera diferenciada sobre las mujeres y diversidades, en especial en comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Concebir la naturaleza como un bien común –y no como mercancía– abre la posibilidad de repensar las relaciones entre sociedad, ambiente y economía desde lógicas de cuidado, equidad y sostenibilidad.
El extractivismo, entendido como un modelo económico basado en la explotación intensiva de recursos naturales, ha producido efectos devastadores en los ecosistemas y ha profundizado las desigualdades sociales. En este marco, las comunidades rurales y en particular las mujeres han enfrentado impactos diferenciados como la pérdida de medios de vida, la sobrecarga de tareas de cuidado ante el deterioro ambiental, el desplazamiento forzado y la violencia de género vinculada a la defensa del territorio. Numerosos estudios en América Latina muestran cómo las defensoras ambientales son criminalizadas o violentadas, visibilizando que la disputa por los bienes naturales también es un escenario de conflicto patriarcal.
Concebir la naturaleza como un bien común significa reconocer que su gestión pertenece a todas y todos y que debe garantizarse bajo principios de equidad, sostenibilidad y corresponsabilidad. Esta concepción debe permitir redistribuir el poder en la toma de decisiones sobre los territorios, asegurando la participación efectiva de mujeres, cuyas voces han sido históricamente invisibilizadas. Valorar los saberes y prácticas de cuidado que las mujeres han desarrollado en la agricultura, el manejo de semillas, el resguardo del agua y la salud comunitaria y que resultan esenciales para la sostenibilidad de la vida.
Es fundamental evitar la reproducción de desigualdades en el discurso verde, como sucede cuando megaproyectos de energías renovables desplazan a comunidades locales sin consulta previa ni respeto a sus derechos.
Es necesario proteger los derechos colectivos de las comunidades, reconociendo a las mujeres como sujetas políticas y defensoras del ambiente, garantizando condiciones libres de violencia y discriminación.
Así, una transición ecológica justa no se limita a reemplazar fuentes energéticas, sino que busca transformar las relaciones de poder que sostienen la explotación de los cuerpos y de la naturaleza.
La perspectiva feminista aporta la idea del cuidado como eje de la vida, recordando que el bienestar humano no puede estar por encima de la integridad de los ecosistemas. Concebir la naturaleza como un bien común es un paso indispensable para diseñar una transición ecológica justa. Sin embargo, esta transición solo será efectiva si se articula con la igualdad sustantiva de género, reconociendo que las mujeres no son únicamente víctimas del extractivismo, sino también protagonistas de alternativas comunitarias y sostenibles. Incorporar sus voces, saberes y experiencias permitirá construir un modelo de desarrollo basado en la equidad, la justicia ambiental y el respeto a los derechos colectivos.
En definitiva, repensar la relación con la naturaleza desde el cuidado y la corresponsabilidad no solo evita repetir las desigualdades del extractivismo, sino que sienta las bases para una transformación profunda que ponga la vida –humana y no humana– en el centro.
Por: Soledad Buendía Herdoíza/
