La sesión interpelativa provocó que algunos asambleístas se manifiesten ofendidos por la exposición realizada por el ministro; les demostró la falta de trabajo y compromiso de los legisladores, que en el marco de sus competencias podrían solucionar por ellos mismos aquellos temas referidos a la justicia que tanto cuestionaron.
Es común escuchar que en el país no hay independencia de poderes, que el Órgano Judicial estaría tomado por el Órgano Ejecutivo; sin embargo, anoche parecía que diputados y senadores de oposición le reclamaban al ministro el porqué no regentaba al Órgano Judicial, pues existirían malos jueces y todo el sistema judicial estaría podrido.
En respuesta, a través de una explicación clara y precisa, el ministro les señaló que las competencias de su ministerio no le permiten generar cambios dentro del sistema judicial, ya que para una reforma judicial estructural o la revisión de la legislación penal se requiere la emisión de leyes. Les recordó que el ordenamiento jurídico boliviano ha previsto que la organización y la estructura de los Órganos se funda en la independencia. El Órgano Judicial no puede autoestructurarse, así como tampoco el Órgano Ejecutivo podría hacerlo debido a que emite decretos supremos y estos, al ser normas reglamentarias, no pueden lograr ningún cambio en la estructura del Órgano Judicial, por lo que estas tareas deben ser cumplidas a través de la sanción de leyes nacionales, que por mandato constitucional le corresponde al Órgano Legislativo, es decir, a los diputados y senadores.
Este recordatorio generó molestia en los interpelantes, no les gustó para nada que se les recuerde que por hacer poco les pagan todos los meses. Y aunque esto pueda parecer suficiente, seguramente caló más hondo demostrarles su poco conocimiento de la norma suprema y de las obligaciones que tienen para con nuestro país.
Tuvo que explicar dos veces la diferencia entre aquellas que son actuaciones judiciales y aquellas que realiza la Fiscalía. El bochorno surgió cuando puso de manifiesto que una de las preguntas fue mal planteada, pues hacía referencia a un numeral que no existe dentro de la sentencia constitucional plurinacional que fundamentaba su pregunta. Imposible de responder.
Capaz hayan sido esos malos tragos y la vergüenza ajena, lo que produjo que muchos asambleístas de oposición no asistieran a la interpelación e incluso una senadora suya se haya negado a censurar al ministro. Hasta ahora, las interpelaciones solo han demostrado el desconocimiento de la norma por parte de los interpelantes y en mayor medida una desesperación por salir en los medios de comunicación. Tal vez podrían replantearse esa manía de avergonzarse en cada interpelación.
