El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) de Bolivia, a diferencia de los modelos neoliberales, tiene como objetivo principal la redistribución equitativa de la riqueza en favor de los sectores históricamente excluidos.
Este modelo sigue una lógica sencilla pero poderosa: el Estado se apropia del excedente económico, generado por sectores estratégicos y lo redistribuye mediante transferencias sociales, inversión pública, inclusión financiera, entre otros.
Este ciclo ha transformado de manera estructural la economía y la vida de millones de bolivianos. A diferencia del modelo neoliberal —que concentraba el excedente en élites empresariales y extranjeras— el MESCP ha convertido el crecimiento en bienestar colectivo, lo que se ha reflejado en resultados concretos y medibles en áreas clave como la reducción de la desigualdad, la inversión pública y la inclusión social.
Excedente económico, base para redistribuir
El funcionamiento del MESCP comienza con la retención del excedente a través de la nacionalización de sectores clave como: hidrocarburos, minería, electricidad y telecomunicaciones. Esta política ha multiplicado los ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN) y permite que el Estado actúe como redistribuidor principal.
Por ejemplo, la renta petrolera, que en 2005 era de apenas 674 millones de dólares, alcanzó los 1.984 millones en 2023 y 1.635 millones en 2024, sumando más de 48.923 millones acumulados desde 2006 hasta 2024. Durante la era neoliberal (1993-2005), esta renta acumulada fue solo de 3.206 millones.
Algunas empresas públicas fueron motor clave: YPFB generó utilidades récord de más de 6.000 millones de dólares en 2014, y 1.093 millones de bolivianos en 2024 (incluyendo impuestos). Entel, nacionalizada en 2008, acumuló más de 9.000 millones de bolivianos en utilidades hasta 2024. Otras como EBA (442 millones de bolivianos en recursos corrientes y 2,7 millones en utilidades en 2024) y Cartonbol (38 millones en ingresos y 1,6 millones en utilidades) ilustran cómo el excedente se apropia para el bien común, no para élites privadas.
En total, los ingresos de empresas públicas crecieron de 6.224 millones de bolivianos en 2005 a 58.543 millones en 2023. Este excedente que antes quedaba en manos privadas y transnacionales no se acumula, hoy se redistribuye estratégicamente para reducir desigualdades y fomentar el desarrollo inclusivo.
Apoyo inmediato a los sectores más vulnerables
El segundo paso del ciclo es el retorno del excedente a la población: una vez apropiado, el excedente fluye directamente al pueblo mediante bonos, subsidios y transferencias condicionales, financiadas por utilidades estatales y el TGN. Esto es redistribución inmediata que eleva el consumo y reduce la vulnerabilidad. Algunos ejemplos.
- Bonos y transferencias: El Bono Juancito Pinto beneficia a más de 2,2 millones de estudiantes al año con 200 bolivianos cada uno, transfiriendo 6.946 millones desde 2006 hasta 2023. El Bono Juana Azurduy apoya a más de 240.000 madres y niños, con Bs 1.929 millones transferidos. El Subsidio Universal Prenatal (3,1 millones de paquetes por Bs 907 millones hasta 2023), la Renta Dignidad (Bs 5.000 millones para 1,2 millones de beneficiarios), y el Bono contra el Hambre (4 millones de personas beneficiadas, total de Bs 4.035 millones). La Renta Solidaria para personas con discapacidad (Bs. 342 millones para 42.137 beneficiarios de 2012-2023) y el Seguro Universal de Salud (SUS, implementado en 2019, cubre más de 1.200 prestaciones); más de 2,3 millones (2009-2023) de bachilleres beneficiados con título gratuito, más de 150 mil profesores beneficiados con una computadora.
- Subvenciones: La Tarifa Dignidad en electricidad con 25% de descuento para consumos inferiores a 70 kWh; subsidios a carburantes (9.803 millones para el 2024) mantienen pasajes estables y competitividad agropecuaria; usuarios con consumo de agua de ≤10 m³/mes tienen la categoría Doméstica Solidaria (DO), la garrafa de gas está a Bs 22,5; el consumo de gas domiciliario está a Bs 17 a 19; gas natural vehicular a Bs 1,66 m3. En 2023, la subvención de Emapa fue de Bs 442 millones para comprar trigo, maíz y arroz acompañado de otras políticas como priorizar abastecimiento al mercado interno y bandas de precios logró un ahorro a la población por más Bs 7.177 millones.
- Incremento salarial: Para impulsar la demanda interna, el salario mínimo nacional pasó de 440 bolivianos en 2005 a 2.750 en 2025, superando la inflación y reduciendo brechas históricas (en los 80-90, presidentes ganaban hasta 93 veces el salario mínimo). Bolivia redistribuye riqueza y la democratiza. Mientras en 2005 un presidente ganaba 70 salarios mínimos, hoy en día esa brecha es menor a 10 veces.
Estas transferencias no solo alivian la pobreza inmediata, sino que estimulan el ahorro y el consumo, representando una redistribución directa del excedente capturado.
Inversión social e infraestructura: Base para el futuro
Redistribuir también es invertir el excedente en infraestructura, servicios públicos, y generar empleo y acceso equitativo. Las inversiones fueron exponenciales comparadas con la era neoliberal:
- Salud y Educación: Los centros de salud crecieron de 2.870 en 2005 a 4.195 en 2022; la inversión en salud saltó de 598 millones de dólares (1990-2005) a 4.167 millones (2006-2023). En educación, de 742 millones a 5.793 millones, reduciendo el abandono escolar del 6,2% al 1,9% en 2023, y elevando la tasa de primaria terminada del 40% al 89%.
- Energía y Saneamiento: Inversión en energía de 453 millones (1990-2005) a 5.963 millones (2006-2023); en saneamiento, de 789 millones a 3.152 millones. Cobertura de agua potable rural pasó de 48% en 2005 a 70% en 2023; electricidad rural, del 25% al 85% en 2023 y al 99% en áreas urbanas.
- Comunicaciones: De 201 millones a 1.053 millones, con Entel financiando fibra óptica en áreas remotas y poblaciones rurales.
Estas inversiones, financiadas por excedentes como la renta petrolera, crean un ciclo virtuoso: mejor acceso genera productividad, reduciendo desigualdades a largo plazo.
Inclusión financiera: Empoderar a los marginados
La inclusión financiera bajo el MESCP no se limita al acceso bancario, constituye una estrategia redistributiva orientada a democratizar el crédito productivo. A través de fideicomisos especializados y fondos de garantía como Fogavisp, Fogacp y Fogagre, el Estado boliviano respalda a sectores históricamente excluidos del sistema financiero formal.
Programas como SíBolivia, con una tasa de interés histórica del 0,5%, canalizaron más de Bs 1.925 millones para 14.765 unidades productivas, de las cuales el 98% son micro y pequeñas empresas. Esta política impulsa la industrialización con sustitución de importaciones, descentraliza el dinamismo económico, reduce la concentración territorial y fortalece capacidades locales. Redistribuir, en este caso, es garantizar que el crédito llegue donde más transforma: al productor pequeño, al emprendedor rural, al sector gremial que sostiene la economía real.
Evidencia estadística de éxito
Los impactos se cuantifican: la tasa de mortalidad neonatal bajó de 27 en 2005 a 7 en 2023; la brecha entre el 10% más rico y pobre, bajó de 128 veces a 20 en 2021. El coeficiente Gini se redujo de 0,63 en 2005 a 0,421 en 2023, y la pobreza extrema del 38% al 11,1% en reciente reporte. El MESCP está validado: el excedente se apropia, se redistribuye y genera equidad.
El MESCP ilustra un flujo claro –apropiación de excedentes y redistribución multifacética– que transforma riqueza en bienestar. Frente al neoliberalismo fallido, Bolivia prueba que un Estado activo reduce desigualdades. El MESCP no solo redistribuye, transforma el excedente en capital social, infraestructura pública y dinamismo productivo. A diferencia del modelo neoliberal, donde el crecimiento se concentraba en élites, Bolivia ha demostrado que es posible construir una economía plural, soberana productiva y equitativa.
Lamentablemente, en los debates recientes y en las propuestas económicas de partidos y candidatos, poco o nada se ha dicho sobre políticas redistributivas efectivas. Tampoco se plantearon soluciones factibles, realistas e inmediatas frente a los desafíos urgentes como la presión sobre el dólar, el costo de los combustibles o el alza de precios de los alimentos. Esta omisión revela una desconexión preocupante entre el discurso político y las necesidades estructurales del país. Redistribuir no es solo una opción ideológica: es una respuesta técnica y estratégica frente a la desigualdad, la fragilidad productiva y la incertidumbre económica.
Es posible aplicar el modelo económico vigente de manera consensuada, como se hizo en los últimos años, para mantener la estabilidad de precios en alimentos estratégicos mediante coordinación interinstitucional, incentivos productivos y regulación estratégica e inteligente. Esto permitió sostener el abastecimiento interno y la estabilidad política sin recurrir a medidas de choque, demostrando que; el modelo funciona cuando se ejecuta con capacidad, responsabilidad técnica, compromiso con el pueblo y voluntad política.
Por: Néstor Huanca Chura/
Fue ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural
