El nuevo gobierno a elegirse en el balotaje del 19 de octubre próximo, entre los candidatos Rodrigo Paz Pereyra con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge Tuto Quiroga con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) —ambos de la derecha fascista— amenazaron que tan pronto como sean posesionados “meterán a la cárcel a las autoridades del gobierno actual” y a los diputados y senadores que quieran elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por supuestos delitos ni siquiera denunciados ante el Ministerio Público.
Esas amenazas reiteradas todas las veces que los periodistas y entrevistadores les preguntan y les prestan sus micrófonos hacen entrever que el nuevo gobierno será dictador, sabiendo que gobierno dictador es aquel donde el poder tiene una persona o grupo de personas violando las leyes y los derechos humanos del pueblo; como lo fue el gobierno de Hugo Banzer entre 1971 a 1978 con centenas de muertos, torturados, confinados, asilados, desterrados y presos políticos.
Amenazar diciendo que “meterán a la cárcel a las autoridades del gobierno actual” gritando ¡van a ir presos!, sin que contra los amenazados haya denuncia ni querella formal ante el Ministerio Público, sin citaciones, sin juez cautelar, sin derecho a la defensa, sin notificación con la denuncia o querella, sin declaraciones o abstenciones a la declaración, sin imputación formal, sin audiencia de medidas cautelares, sin mandamiento de comparendo ni mandamiento de aprehensión menos mandamiento de detención preventiva librado por el juez competente, es clara muestra de que tendremos pronto un nuevo gobierno dictador, peor que el gobierno de facto de Jeanine Añez que tuvo 38 muertos en Sacaba, Senkata, Pedregal, Huayllani y Ovejuyo, y miles de personas masacradas y detenidas ilegalmente, delitos que seguro quedarán impunes con el nuevo gobierno dictador.
Es más, esas amenazas del nuevo gobierno dictador hacen ver que violarán la “independencia” de los órganos del Estado prevista en el Art. 12. I. y III. de la Constitución Política del Estado (CPE) que al respecto dice: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”; porque violando dicha ley “meterán a la cárcel a las autoridades del gobierno actual” violarán también los Arts. 110 y 117. I de la CPE que dicen: “Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas”, “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”, porque el Art. 172. 1) de la misma Constitución no le otorga al presidente del Estado la atribución de meter a la cárcel a la nadie.
Si el nuevo gobierno dictador cumpliera con su amenaza de “meter a la cárcel a las autoridades del gobierno actual” y a los diputados y senadores que quieran elegir a los nuevos vocales del TSE, se incumpliría el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes prevista en el Art. 108. 1) CPE), poniendo en práctica una verdadera persecución política contra los masistas que después de haber ganado las elecciones generales de 20 de octubre de 2020 con el 55,15% del electorado, vienen gobernando hasta el presente. Así no se gobierna en democracia autentica, a no ser que haya intereses personales y externos. Pero las personas ilegalmente detenidas, perseguidas y procesadas seguramente demandarían acciones de libertad amparadas en el Art. 125 de CPE y por la violación de sus derechos humanos protegidos por la Declaración Universal de DD HH, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), contra las personas que vulneraron sus derechos conforme disponen los Arts. 110 y 117. I de la CPE.
El hecho de que tales candidatos griten que “meterán a la cárcel a las autoridades del gobierno actual” es también ignorar el PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA del Órgano Judicial dispuesto en el Art. 178. I. y II. de la CPE; es violar el Art. 108. 1) de la CPE que dice: “Son deberes de las y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”; es desconocer la LEGALIDAD prevista en el Art. 30. 6) de la Ley 025 que respecto al trabajo de los magistrados y jueces dice: “Legalidad… constituye el hecho de que el administrador de justicia esté sometido a la Ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas”. Consiguientemente, el nuevo presidente del Estado no puede ni debe amenazar.
Teniendo presente que el gobierno democrático se caracteriza por gobernar cumpliendo las leyes, con el pueblo y para el pueblo, saltan las preguntas: ¿el nuevo gobierno quiere declararse dictador violando las leyes?, ¿Así como se declaró dictador el expresidente José María Linares?
Por: Armando Aquino Huerta/
