Las calificadoras de riesgo (CR) se definen como entidades que evalúan la capacidad de pago de los emisores de valores y asignan calificaciones de crédito que reflejan la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones de pago. Es decir, las CR evalúan la solvencia y capacidad de pago de los emisores (gobiernos, empresas, instituciones financieras y otros que emitan bonos como instrumentos de financiamiento). En teoría, las CR se caracterizan por su independencia, objetividad, transparencia, experiencia y conocimiento.
No obstante, en el mundo real, las CR han sido objeto de críticas y controversias en los últimos años, cometiendo errores de calificación, análisis equivocados y conflictos de interés con los emisores. Además de presentar informes con limitaciones y debilidades, que tienen efectos nocivos en distintos niveles de una economía (macro y micro).
Por ejemplo, en 2001, las CR Moody’s y Standard & Poor’s otorgaron calificaciones positivas de inversión a la empresa energética Enron, días antes de que la empresa quebrara debido a un escándalo de contabilidad. En 2008, las mismas CR mantuvieron la calificación de inversión “A” a la empresa Lehman Brothers hasta el día de su quiebre debido a la crisis financiera. En 2010, las CR calificaron la inversión a la deuda soberana de Grecia, previamente a que ingrese en una crisis de deuda. Y, en octubre de 2022, Moody’s anunció la mejora en un escalón de todas las calificaciones Deutsche Bank, debido a su mejora financiera; sin embargo 5 meses después el banco se desplomó.
Las CR efectuaron análisis errados, tal es el caso de no anticipar la crisis de las hipotecas subprime (2007-2008), aspecto que se debió en parte a la falta de regulación y la excesiva complejidad de los instrumentos financieros. Asimismo, no consideraron la crisis de la deuda soberana en Europa (2010-2012), que se debió a la falta de coordinación entre los gobiernos y la ausencia de regulación.
Respecto a conflictos de interés, en 2011, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) investigó a las CR por sus relaciones con los emisores de bonos. Y, en 2013, la SEC multó a las CR por cobrar a las empresas que calificaban.
Los informes de las CR presentan limitaciones y debilidades, trayendo consigo consecuencias a quien califican. Se observa que los modelos de calificación utilizados pueden ser imperfectos y no contemplar todos los riesgos asociados con un emisor, basando sus evaluaciones en información incompleta, además que las CR no son transparentes en sus procesos de calificación. Las CR pueden estar sujetas a un sesgo de confirmación, es decir pueden buscar información que confirme sus expectativas y descartar información que las contradiga; asimismo, estas instituciones no son lo suficientemente adaptables a los cambios en el entorno económico y financiero del emisor.
En este sentido, los informes de las CR pueden tener consecuencias importantes, como otorgar calificaciones incorrectas; generar pérdidas financieras para inversores y emisores; y contribuir a la inestabilidad de una economía, por cuanto pueden afectar la confianza de los agentes económicos.
Consecuentemente, las sombras de las CR han afectado al país mediante sus informes en las últimas gestiones, los cuales no reflejan de manera adecuada la situación real de la economía boliviana debido a que no han tomado en cuenta las variables macroeconómicas positivas que se han logrado gracias al modelo económico social, comunitario y productivo, reinstaurado desde noviembre de 2020.
Es cierto, Bolivia afronta problemas de liquidez en moneda extranjera, y no así de insolvencia. A pesar de los efectos externos y conflictos internos que vive en el país, se debe destacar que en 2024 la economía boliviana presentó los siguientes indicadores: crecimiento económico positivo, desempeño sólido del sistema financiero, creación de nuevas empresas, estabilidad de las reservas internacionales, deuda externa sostenible e incremento de la tasa de participación laboral; además de la consolidación de las bases de la industrialización con sustitución de importaciones, entre otras políticas que permiten la continuidad del desarrollo económico y social de las familias bolivianas.
Por: Fernando Chuquimia
