La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las formas más devastadoras y persistentes de violencia en América Latina y el Caribe. Esta problemática se manifiesta de manera alarmante en Ecuador, donde miles de casos son denunciados anualmente, aunque se estima que muchos más permanecen ocultos bajo el silencio impuesto por el miedo, la impunidad y la naturalización de la violencia.
Según el Informe Mundial de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef (2023), aproximadamente uno de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños en América Latina ha sufrido violencia sexual antes de los 18 años. Este tipo de violencia ocurre principalmente en contextos familiares o cercanos, lo que agrava el daño y complica la denuncia.
En Ecuador, la realidad es profundamente preocupante. De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura (2023), entre 2014 y 2023 se registraron más de 17 mil denuncias por delitos sexuales contra menores de edad, siendo el incesto y el abuso sexual los delitos más frecuentes. El Ministerio de Educación reportó que entre 2014 y 2022 se identificaron más de ocho mil 500 casos de violencia sexual dentro del sistema educativo, en su mayoría cometidos por docentes y personal administrativo.
Estas cifras no solo evidencian la magnitud del problema, sino que también reflejan un sistema institucional y social que ha fallado en garantizar la protección integral de niñas y niños.
La violencia sexual infantil deja profundas secuelas físicas, psicológicas y sociales. Desde el enfoque centrado en las víctimas, es fundamental reconocer que cada niña o niño es un sujeto de derechos, cuya dignidad debe ser restaurada y protegida. Las víctimas, muchas veces revictimizadas por sistemas judiciales insensibles o procesos de atención fragmentados, requieren un entorno seguro, empático y reparador. El acompañamiento debe partir de algunos principios como la escucha activa y sin juicios, creerle a la víctima es el primer paso hacia la justicia.
Se requiere de atención integral especializada con acompañamiento psicológico, médico, legal y social coordinado. En este contexto, la garantía del anonimato y la confidencialidad son fundamentales para evitar la exposición pública y revictimización. Otro elemento que debe ser incluido es la participación informada de la víctima, adaptando la comunicación según la edad y madurez. Finalmente, el involucramiento familiar respetuoso debe darse siempre y cuando sea seguro para la niña o niño. El enfoque de trauma debe guiar todas las etapas de atención, reconociendo los efectos de largo plazo del abuso y el valor de la resiliencia.
La violencia sexual contra menores es una grave violación a múltiples Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. En el marco jurídico regional e internacional destacan la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), que obliga a los Estados a proteger a niñas y niños contra toda forma de violencia, abuso y explotación sexual (Art. 19 y 34); el Protocolo de Palermo (2000), sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) de Ecuador, que establece mecanismos de protección, prevención y sanción; y la Constitución del Ecuador (2008), que reconoce a niñas y niños como sujetos plenos de derechos (Art. 44) y consagra el interés superior del niño y la niña.
A pesar de este marco normativo robusto, en la práctica persisten vacíos en la implementación, retrasos en la justicia y una débil capacidad institucional para ofrecer medidas efectivas de protección, especialmente en zonas rurales. La justicia ordinaria, con frecuencia, resulta inadecuada para abordar la especificidad de los casos de violencia sexual infantil.
Para avanzar hacia una respuesta efectiva es necesario construir un sistema de atención interinstitucional articulado y con enfoque de derechos con espacios seguros y multidisciplinarios donde las víctimas sean atendidas por psicólogos, médicos y abogados capacitados en infancia. La capacitación obligatoria para operadores de justicia y personal educativo en prevención, identificación y manejo de casos de abuso. Programas comunitarios de prevención con participación activa de niñas, niños y adolescentes en la identificación de riesgos y construcción de entornos seguros. Reparación integral a víctimas, incluyendo apoyo emocional, becas educativas, reintegración familiar segura y seguimiento psicológico de largo plazo. Fortalecer el registro nacional de agresores sexuales y control institucional, especialmente en instituciones educativas, religiosas y deportivas.
La violencia sexual contra niñas y niños es una emergencia silenciosa que requiere respuestas estructurales, profundas y sostenidas. Se debe cerrar la brecha entre el derecho y la realidad. Es indispensable escuchar a las víctimas, reparar su daño y garantizar que ningún niño o niña más vea truncada su vida por la violencia. Abordar este problema desde un enfoque de derechos, con medidas reales de prevención, atención y reparación, es una responsabilidad ética, jurídica y social que no puede seguir postergándose.
Por: Soledad Buendía Herdoíza
