El Estado boliviano se erige sobre cuatro pilares fundamentales, siendo uno de ellos el Órgano Legislativo, encargado de aprobar y sancionar leyes en beneficio del pueblo. Lamentablemente, en las últimas semanas e incluso meses, hemos sido testigos de un incumplimiento de este precepto, con algunos miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) obstaculizando la aprobación de leyes cruciales para el bienestar de la sociedad. Este accionar, motivado por intereses políticos individuales, socava la esencia misma de la representación democrática.
Un ejemplo claro de esta parálisis legislativa es la obstaculización de la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023. El cual busca asignar recursos adicionales a gobernaciones, alcaldías y universidades públicas, respondiendo a las solicitudes de modificación de presupuesto de 108 de las 582 entidades públicas.
El PGE Reformulado 2023 propone asignar un presupuesto total agregado de Bs 6.455 millones para las entidades del sector público, con un consolidado de Bs 5.421 millones. De esta cifra, se destinarán Bs 868 millones a los gobiernos municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a los gobiernos departamentales.
Estos fondos no solo representan números en papel; son la piedra angular para abordar las necesidades más apremiantes de la sociedad. Además, con disposiciones adicionales que buscan desburocratizar las modificaciones presupuestarias de las gobernaciones y municipios, ampliar el Fondo al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, regular las empresas de tecnología financiera y coadyuvar en la lucha contra las ganancias ilícitas.
Es imperativo recordar a los miembros de la ALP que los obstáculos en la aprobación de estas leyes, en especial del PGE Reformulado 2023, repercuten directamente en el desarrollo económico y, por ende, en cada miembro de la sociedad boliviana. En este contexto, la aprobación de la legislación no solo es una responsabilidad, sino una necesidad urgente. Los recursos que se encuentran estancados permitirían a los gobiernos locales enfrentar los desafíos de incendios forestales y sequías que asolan el país, y en el caso de las universidades, impulsaría la investigación, crucial para el progreso.
Los ciudadanos bolivianos merecen un compromiso serio por parte de sus representantes. La obstaculización de legislación crucial, como el PGE Reformulado 2023, no solo es una afrenta a la democracia, sino también un freno al progreso económico y social del país. El bienestar de Bolivia está en juego, y la aprobación de leyes necesarias es el primer paso para garantizar un futuro próspero.
En conclusión, debemos instar a los miembros de la ALP a que reconsideren sus posiciones y prioricen el bienestar de la nación sobre intereses individuales y partidarios. El tiempo apremia, y la sociedad boliviana espera que sus representantes cumplan con la responsabilidad que han asumido. La aprobación del PGE Reformulado 2023 no es solo una cuestión legislativa, es un compromiso con el futuro y la prosperidad de nuestro país.
