En el caso de Bolivia, al menos 200 bolivianos serían deportados, según datos de las autoridades de Migración del país norteamericano.
El presidente Luis Arce condenó este lunes las deportaciones iniciadas por el gobierno de los Estados Unidos y planteó impulsar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la declaración de la migración, como un derecho humano.
La posición la fijó durante su intervención virtual en la XII Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y Primeros Ministros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), donde atribuyó a la política injerencistas estadounidense los flujos migratorios.
“Desafortunadamente, en los últimos días, hemos observado con indignación escenas de deportación desde Estados Unidos de hombres y mujeres encadenados y esposados, que reviven en la memoria la esclavitud, una de las etapas más vergonzosas de la historia y de la humanidad”, cuestionó.
Desde La Paz, Arce afirmó que no se puede admitir la violación de los derechos de los migrantes, porque, si bien “cada país tiene derecho a definir su política migratoria”, “ninguna (nación) puede ignorar los tratados y acuerdos internacionales que regulan la movilidad humana y protegen la seguridad y dignidad de los migrantes”.
Luego de asumir como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ordenó operaciones masivas para deportar entre 1.200 y 1.500 migrantes por día, hecho que generó roces con países de América Latina, como Colombia.
En el caso de Bolivia, al menos 200 bolivianos serían deportados, según datos de las autoridades de Migración del país norteamericano, indicó el 31 de enero el cónsul boliviano en Washington, Celso Herbas.
“Desde la Alianza Bolivariana por los Pueblos de Nuestra América debemos rechazar estas medidas y exigir un tratamiento respetuoso y justo para nuestros con nacionales”, demandó el presidente boliviano.
Arce cuestionó las políticas “seguritistas” de los Estados Unidos, porque ignoran el derecho humano a la libre circulación, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y dijo que “el mundo no puede ser solo un espacio en el que circula libremente el capital”.
Además, afirmó que no se puede olvidar que “Estados Unidos tiene una influencia notable en el comportamiento de los flujos migratorios del continente, como resultado de sus políticas injerencistas y sus sanciones arbitrarias unilaterales y coercitivas contra nuestros pueblos”.
Naciones como Venezuela y Cuba, entre otras, enfrentan varias sanciones y restricciones que no solo han afectado a sus gobiernos sino a su población, generando olas migratorias.
Arce recordó que los migrantes juegan un papel fundamental para el desarrollo de los países y la mayor parte de las veces entregan beneficios al país receptor, como mano de obra, y al país de origen, remesas.
En ese contexto, instó a los países del ALBA-TCP a impulsar en “el ámbito multilateral que Naciones Unidas declare la migración como un derecho humano”.
Arguyó que la migración es un proceso inherente a la historia de la humanidad y que han “habido muchos migrantes de Inglaterra hacia Estados Unidos y responden a factores económicos, políticos, sociales, demográficos y ambientales”.
De hecho, Mary Anne McLeod, madre del presidente estadounidense, migró a los Estados Unidos en 1931 de su natal Escocia.
En el caso de América Latina, Arce refirió que los flujos migratorios son complejos y demandan cooperación entre los países de origen, tránsito, destino y retorno.
En este marco, ratificó el compromiso de Bolivia con los instrumentos internacionales, como la Convención de Viena sobre Reservaciones Consulares de 1963, que orientan la protección de nuestras comunidades en el exterior.
Y enfatizó que “el diálogo pacífico es la vía para la construcción de políticas migratorias con soluciones regionales conjuntas”. “Estamos comprometidos con la paz, la estabilidad, el progreso y la felicidad de nuestros pueblos para vivir bien”, aseguró.
ABI
