La afirmación del presidente Rodrigo Paz: “No es fácil desmantelar toda la institucionalidad corrupta que nos dejó el MAS durante veinte años, pero lo estamos haciendo”, resume con crudeza el momento histórico que atraviesa Bolivia. Durante más de dos décadas se consolidó una estructura estatal pesada, opaca y permeable a intereses particulares. Hoy, mientras el país transita un proceso de reordenamiento profundo, empieza a emerger con mayor claridad un deterioro institucional difícil de ignorar.

La reciente posesión de las nuevas autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB) marca un punto de inflexión decisivo en la historia económica del país. Las palabras del nuevo presidente de la institución, David Espinoza, resuenan con fuerza y urgencia: “Tenemos una labor titánica de reconstrucción del banco”. No se trata de una frase retórica, sino de un diagnóstico honesto que reconoce la magnitud del desafío que enfrenta la entidad que resguarda el corazón financiero de la nación.

Los desastres naturales que en los últimos días golpearon a Samaipata han puesto a prueba la capacidad de reacción del Estado boliviano ante emergencias que afectan directamente a nuestras familias y nuestras comunidades. En medio de la incertidumbre, de la angustia de quienes vieron sus hogares y medios de vida amenazados por las inclemencias del tiempo, el gobierno del presidente Rodrigo Paz encaró la situación con acciones coordinadas y efectivas.

La reciente decisión del gobierno del presidente Rodrigo Paz de intervenir la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ante indicios de corrupción marca un punto de inflexión en la gestión pública. No se trata únicamente de una medida administrativa, sino de una señal clara de que el Estado no puede tolerar el deterioro moral ni financiero de las instituciones que pertenecen al pueblo boliviano. La corrupción, más allá de los nombres o de las cifras, erosiona la confianza ciudadana, desangra los recursos nacionales y paraliza la esperanza colectiva en un desarrollo justo y sostenible.

El anuncio del gobierno de Rodrigo Paz de realizar una “autopsia” al Estado ha generado un impacto inevitable. La metáfora es dura, pero también honesta. Solo cuando se reconoce la gravedad de una enfermedad puede iniciarse un tratamiento verdadero.

Según los resultados preliminares de esta evaluación institucional, lo encontrado no es simplemente un Estado debilitado, sino uno al borde de la parálisis, con signos de abandono, deformaciones estructurales y una huella alarmante: el posible robo de 15.000 millones de dólares, una cifra que por sí sola configura un diagnóstico estremecedor.

La política exterior boliviana enfrenta hoy el desafío de redefinir su presencia en un escenario internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas, transiciones económicas y nuevas disputas tecnológicas. En este contexto, las palabras del canciller Fernando Aramayo invitan a una reflexión profunda sobre el rumbo que el país busca construir: “Hay una diferencia sustantiva entre convivir y coexistir, vamos a convivir, vamos a interactuar con quienes compartimos valores y principios, pero eso no significa que dejemos de dialogar y tener algún tipo de entendimiento con quienes no necesariamente comparten estos principios y valores”.