Además de América Latina, se contempló enviar deportados miles de kilómetros hacia África y Europa Oriental, a naciones con escaso historial de protección de derechos humanos y, en muchos casos, sin vínculos consulares o lingüísticos con los migrantes en cuestión.
La Administración del presidente Donald Trump promovió un plan de deportación masiva sin precedentes, según documentos internos obtenidos por CBS News que revelan negociaciones secretas con países de África y Europa para aceptar migrantes que no son sus ciudadanos. Entre los países contactados se encuentran Angola, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Libia, Moldavia, Benín y Ruanda.
El objetivo central de estas gestiones diplomáticas fue encontrar gobiernos dispuestos a aceptar migrantes indocumentados que no pueden ser repatriados a sus países de origen, bajo el argumento de que representan amenazas, como presuntos miembros de bandas criminales.
Entre los casos citados figura el extinto grupo Tren de Aragua, convertido en uno de los blancos favoritos del discurso antimigratorio de Trump.
En 2024, la administración Trump ya había deportado a cientos de migrantes africanos y asiáticos a Costa Rica y Panamá, y envió cerca de 300 venezolanos a El Salvador, donde fueron encarcelados en la infame mega-prisión del país centroamericano. Otros acuerdos fueron firmados con Guatemala y México para aceptar migrantes de terceros países interceptados en la frontera sur estadounidense.
Pero los documentos internos muestran que el plan es más ambicioso. Además de América Latina, se contempló enviar deportados miles de kilómetros hacia África y Europa Oriental, a naciones con escaso historial de protección de derechos humanos y, en muchos casos, sin vínculos consulares o lingüísticos con los migrantes en cuestión.
Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio, nombrado tras el inicio del segundo mandato de Trump, confirmó que se estaban buscando acuerdos en todo el mundo para deportar a personas «indeseables».
«Queremos enviarles a algunas de las personas más despreciables del planeta, y cuanto más lejos de Estados Unidos, mejor», dijo Rubio.
Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, señaló que las deportaciones a terceros países podrían violar principios básicos del derecho internacional, especialmente si los migrantes no son informados del destino o si corren riesgo de sufrir abusos.
Un fallo judicial reciente prohíbe al gobierno de EE. UU. realizar este tipo de traslados sin antes ofrecer garantías y evaluaciones de riesgo a los afectados. No obstante, Selee afirma que la motivación principal del plan no es operativa, sino disuasiva: «Este tipo de anuncios están diseñados para atemorizar a posibles migrantes y mostrar que el gobierno puede expulsar a cualquiera, sin importar su nacionalidad», explicó.
TeleSUR
