La decisión responde a la persecución registrada durante las protestas pacíficas que rechazan la Ley 462, la apertura de la mina de cobre en Donoso y la firma del memorándum de entendimiento con Estados Unidos que vulnera la soberanía nacional.
El Congreso General de la Comarca Guna Yala anunció la suspensión definitiva de relaciones con el Gobierno panameño hasta que se concrete un diálogo nacional sobre las reformas a la Caja de Seguro Social.
En un comunicado oficial, la máxima autoridad gunadule denunció “el cobarde atropello a la población indígena de Panamá, violando todas las normas nacionales, el derecho internacional y las normas que protegen los derechos de los pueblos indígenas”.
La medida incluye acciones legales sin precedentes: la Junta Ejecutiva recibió mandato para presentar demandas contra Panamá ante instancias internacionales, acusando al Estado de cometer «crímenes de lesa humanidad» contra pueblos originarios. El congreso gunadule amplió su rechazo a tres políticas gubernamentales: la reforma a la CSS, la reapertura minera y el memorando con Estados Unidos.
El Congreso General Guna informó que llevará ante instancias nacionales e internacionales las violaciones cometidas por el Gobierno panameño contra líderes indígenas, como respuesta a la creciente persecución y amenazas registradas durante las protestas contra la Ley No. 462.
En ese sentido, expresó “las atrocidades que está cometiendo el Gobierno en contra de los pueblos indígenas y del pueblo panameño es un crimen de lesa humanidad que no quedará impune, sino que llevaremos hasta las últimas consecuencias”.
En ese marco, el Congreso otorgó mandato a su Junta Ejecutiva para que busque respaldo a nivel nacional e internacional, con el propósito de impulsar acciones legales ante organismos internacionales y denunciar las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El texto también exige la liberación inmediata de todos los líderes y dirigentes nacionales detenidos. Asimismo, calificó los encarcelamientos de injustos, en tanto vulneran sus derechos fundamentales, garantías legales y el principio de presunción de inocencia.
Asimismo, reafirmó su rechazo a las tres demandas fundamentales por la que todo el país se sumó a la huelga general: la derogación inmediata de la lesiva Ley 462 que afecta sus pensiones, el rechazo a la apertura de la mina de cobre en Donoso y la anulación del memorándum de entendimiento con Estados Unidos que vulnera la soberanía nacional.
RELIGIOSOS PANAMEÑOS PIDEN CESE A LA REPRESIÓN
La Confederación de Religiosos de Panamá hizo un llamado al Gobierno nacional para que ponga fin a los abusos cometidos contra los pueblos originarios en las provincias de Chiriquí, Darién y Veraguas.
A través de un comunicado, la organización condenó la represión ejercida durante las recientes manifestaciones y condenó la violencia, humillaciones y agresiones contras las comunidades indígenas.
“Hemos visto mujeres encadenadas, otras desnudadas, personas heridas por perdigones especiales, y explosivos lanzados contra viviendas donde había niños y ancianos. ¿Qué les pasa? ¿Quién los entrena? ¿En la Escuela de las Américas?”, cuestionaron con indignación.
TeleSUR
