La nueva provincia desplazó a Chayanta como centro político y marcó el inicio de Uncía como ciudad minera e industrial.
Desde el Taller del Historiador, analizamos el fascinante episodio de la creación de la provincia Bustillos, paso esencial para destronar a la villa de Chayanta y la puerta para la creación de la ciudad de Uncía, dejando atrás la antigua condición de asiento minero.
La Sección Municipal de Uncía y su área de influencia
A fines del siglo XIX, la población de Uncía estaba en germen y, de acuerdo a los recuerdos de Simón I. Patiño, no pasaba de ser una “pobre colección de casas que pretendía tener alguna semblanza de un pueblo. Un funcionario subalterno del gobierno ejercía su arbitraria autoridad sobre la población de indios y mestizos que ya comenzaban a comerciar con artículos de primera necesidad y baratijas traídas desde Oruro y vendidas a los trabajadores de las minas cercanas y campesinos de los valles aledaños” (1).
Dos años antes de la erección de la provincia Bustillos, el Congreso había promulgado la Ley del 5 de diciembre de 1906, que determinó la creación de la Sección Municipal del cantón Uncía. La Junta Municipal debía haberse organizado con prontitud, pero, como señala la Resolución del 15 de diciembre, se determinó que “la mesa inscriptora nombrada por el cuerpo de jurados, ejerza funciones hasta el 30 de enero de 1907 día en que se cerrará el registro cívico, debiendo practicarse la elección de los miembros de la Junta de Uncía el primer domingo de mayo, la misma que instalará sus sesiones el tercer domingo de dicho mes” (Costa, 2001: 136).
Rafael Bustillos.
Con base a esa norma legal, se constituyó la primera Junta Municipal el 17 de marzo de 1907. En un acto formal y solemne se dio posesión a la directiva, conformada por el influyente político liberal Dulfredo Campos (excombatiente de la Guerra del Pacífico) como presidente; Juan A. Quiroga como vicepresidente y como secretario a Federico Ávila. Junto a ellos fueron electos Jaime Mendoza y Juan Mendivil. La curiosa conformación urbana industrial, permitió viabilizar la Ley de creación de la Sección Municipal de Uncía, en 1906. En 1907, Uncía organizó su primera junta municipal, conformada por hombres con mentalidad progresista, provenientes de la población civil y de las empresas mineras. El gobierno municipal siempre estuvo en manos de este círculo de ciudadanos. Por ejemplo, en 1910, Máximo Nava, administrador de Patiño, ganó las elecciones municipales; Eduardo O’ Kelly, gerente de la Compañía Minera Uncía de Juan B. Minchin, fue autoridad del gobierno municipal.
En el oficio del presidente de la Honorable Junta Municipal al Prefecto y Comandante del Departamento, Dulfredo Campos señala que: “tal instalación significa verdadero progreso para la importante provincia Charcas, muy especialmente para este centro minero” (2).
Uncía a inicios del siglo XX.
Una de las primeras medidas de la junta municipal fue la construcción de un hospital general. Para julio de ese año ya tenían los planos y presupuestos aprobados. Solamente faltaba el desembolso de las partidas presupuestarias, programadas en el capítulo 49, párrafo 3 y 6 del Presupuesto Departamental, que votó una partida de Bs 2000, con ese propósito (3). Otra obra incorporada en la gestión de ese año fue la captación de aguas potables, incluidas en el capítulo 11 y 16 del Presupuesto Departamental, con suma similar a la anterior.
La junta montó un activo aparato administrativo con excelentes nexos con el Congreso por medio de la bancada parlamentaria del departamento, cuyos componentes cooperaban tanto en los trámites, como en la canalización de fondos, inclusive como correo: “Ambas cantidades deberá recogerlas el senador del Departamento Dr. José Berríos, quien por el correo de hoy recibirá la correspondiente nota suplicatoria para este objeto”.
Sin embargo, el ímpetu y celo funcionario de la flamante Junta Municipal tuvo en el pesado aparato burocrático prefectural, un terrible escollo, muchas veces difícil de vencer. Al respecto, es interesante mencionar que los pedidos de la Junta Municipal fueron rechazados por el Tesorero Departamental, por falta de cierta documentación, y recién en septiembre subsanada esa falta fue devuelto el oficio firmado por el Tesorero Municipal de la Sección Municipal de Uncía “para el recojo de las asignaciones que reconoce la ley financial a favor de este pueblo”.
Creación de la provincia Bustillos
El movimiento cívico político que apoyó la creación de la nueva provincia en el norte de Potosí aglutinaba en su seno por igual tanto a los prohombres de Uncía como a los administradores de la Compañía Estañífera de Llallagua, que como se sabe estaba conformada por accionistas chilenos. El comité ad-hoc, a cuyo frente se encontraba el administrador de la compañía chilena, Alberto Nanetti, levantó previamente un diagnóstico de la situación de los pueblos mineros, que antes de 1908 se debatían entre el abandono del gobierno y la carencia de lo indispensable, aspectos que se agudizaban por la “distancia de más de 28 leguas entre Chayanta y San Pedro (lo que) impide su servicio bueno e inmediato, así en lo administrativo como en lo judicial”. El resultado era una situación de completo abandono del distrito minero de la Villa de Chayanta, en el cual se hallaban comprendidos Uncía y Llallagua, sin amparo ni protección para los ingentes intereses radicados en él.
Ismael Montes
El Administrador de la Compañía Estañífera de Llallagua, Alberto Nanetti, en 1907, señalaba que “para los pueblos mineros las primeras autoridades políticas son un mito, porque los inconvenientes de la distancia, no les permiten cerciorarse ocularmente de la buena marcha administrativa de estos pueblos, de lo cual tienen que amoldar su acción superior a simples informes de personas particulares, que sea por intereses propios u otras causas, no siempre pueden ser, como jenuinamente imparciales, especialmente los referentes a la conducta que observan las autoridades inferiores”.
El movimiento cívico planteaba la creación de una nueva provincia sobre la base de los cuatro cantones (Chayanta, Llallagua, Uncía y Amayapampa), propuesta fortalecida por una serie de condiciones objetivas de desarrollo microregional que se habían alcanzado hasta 1907, gracias a la boya de las empresas mineras y los mineros chicos, hecho que no aparece registrado por la historiografía tradicional, que muestra una imagen de desarrollo de la región únicamente en función del auge de las empresas de Patiño, de Sainz y de Minchin. Esas condiciones objetivas pueden sintetizarse en varios aspectos.
El distrito minero contaba con “propios y exhuberantes recursos”, y podía sostenerse “aun cuando bajase mucho el precio del estaño”. Había logrado la construcción de un camino carretero de veinte leguas, que conectaba con la línea férrea a Chile, por el cual traficaban en 1907 cincuenta carretas. El comercio establecido en Uncía y Llallagua formó un mercado local fuerte, y consolidado, tornando a este distrito en una plaza fuerte nacional. Uncía y Llallagua formaban un importante centro industrial y un contingente electoral significativo. Desde el punto de vista económico, la nueva provincia sería una de las que más rindiera al fisco, pues en 1907, por derechos de importación y exportación, pagaba cerca del medio millón de bolivianos por año al Estado.
Los cívicos plantearon en un primer momento erigir como capital de la nueva provincia a la Villa de Chayanta, la colonial villa de la que formalmente dependía Uncía y Llallagua. Alberto Nanetti, administrador de la Compañía Estañifera Llallagua, aseguraba que "la autoridad política situada en Chayanta podría ejercer una eficaz vigilancia sobre las autoridades inferiores de los cantones (Uncía, Aymaya y Llallagua), especialmente sobre el principal centro Uncía, capital de la 2ª sección de la nueva Provincia”.
¿Por qué el administrador de la Compañía Estañífera de Llallagua planteaba esta dependencia? Lo más factible es que de esa manera neutralizaría el poder que podría ejercer su contendor Simón I. Patiño, a quien consideraba un hombre sagaz y ladino.
Por su parte, los políticos (parte del grupo cívico) avisoraban que Uncía y Llallagua, con los recursos que contaban, serían “un eficaz apoyo para un movimiento del sur hacia el centro y viceversa, dejando toda vigilancia establecida en Challapata”, pues ya los cívicos analizaron la ventajosa posición de Uncía, que se hallaba a un día y medio de camino a Oruro, a igual distancia de Colquechaca. Consideraban que era vital para la supervivencia de Uncía y Llallagua la creación de una nueva provincia, pues no contaban con un presupuesto que le permitiera hacer frente a los numerosos problemas que se planteaban cíclicamente, como las lluvias torrenciales de 1907, que cayeron durante 36 días ininterrumpidos, al extremo que “en la última semana los aguaceros han demolido varias paredes y techos, ha perjudicado la concentración de metales y la exportación de barrilla, ocasionando graves atrasos al industrial, comerciante y obrero; la creciente de los ríos impide la internación de víveres y finalmente el temporal tan glacial ha conducido a los discípulos de Baco al centro de sus operaciones”, según apuntó El Industrial, en su edición del 3 de febrero de 1907.
Finalmente, la intelligentsia criolla de Uncía, en abril de 1907, tras una nueva evaluación determinó cambiar la estrategia de creación de la nueva provincia, desplazando a la Villa de Chayanta, propuesta presentada al Congreso por el diputado Dulfredo Campos, con la variante que “con este importante proceso, indudablemente tendremos nueva provincia con la capital Uncía, por no reunir las condiciones precisas el cantón Chayanta”.
Uncía, en 1908
El 8 de octubre de 1908 se constituyó la provincia Bustillos, por ley, desgajando un valioso y extenso territorio de la antigua provincia de Charcas, de la que dependía. Las nuevas autoridades provinciales recayeron en experimentados profesionales y funcionarios, como el subprefecto Rodolfo Lizarazu; el juez de partido Félix A. Duchén, el juez instructor Néstor Carrasco; el fiscal de partido Wenceslao Lora, y el intendente de Policía de seguridad, Pacífico Encinas.
Detrás de esta legítima conquista social de los pobladores del asiento minero de Uncía, se encuentra la disputa por el poder por parte de los industriales mineros de la Compañía Estañífera Llallagua de capitales chilenos y el magnate Simón I. Patiño.
La junta municipal se consolidó notablemente con la creación de la provincia Bustillos, pues se trataba de la capital de esta nueva jurisdicción. Poco antes de la creación de la provincia, la Compañía Estañífera de Llallagua logró el reconocimiento legal de su personería jurídica, siendo aprobados sus estatutos, gracias a una gestión de Walter T. Holberton, gerente de dicha empresa, declarando un capital de 425 mil libras esterlinas “con el principal objeto de adquirir y explotar las minas de estaño, ubicadas en el distrito de Llallagua, provincia Charcas del Departamento de Potosí” (4). Nadie se opuso en Uncía o Llallagua a esa resolución.
La flamante capital de la provincia Bustillos tenía unos diez mil habitantes, incluyendo a los obreros y empleados que residían en las minas e ingenios de la empresa minera La Salvadora, de Simón I. Patiño; la Compañía Minera Uncía, de John B. Minchin; y la Compañía Estañífera de Llallagua de propiedad de capitalistas chilenos y bolivianos. Ese conglomerado humano conformaba la población natural de Uncía y Llallagua. Se puede afirmar que, en esa primera época, la población civil contenía al campamento y de esa manera se superaba el obstáculo constitucional que consideraba centro urbano únicamente las ciudades, villas, cantones, misiones y vicecantones de más de 200 habitantes.
El Estado oligarca, racista y excluyente del Siglo XIX descartaba a la organización social originaria, el ayllu, que formaba “las estancias, grupo de veinte, treinta o más casas de indígenas, conteniendo algunas de ellas, varias centenas de habitantes y que por su situación especial adquiere la importancia de un centro de población; pero que no tiene todavía la categoría de vicecantón, última división territorial reconocida por la ley para los fines de la administración pública” (5), de la misma manera, pero por otras motivaciones, también excluía a los centros mineros industriales, a pesar de que “muchos de los cuales, atendiendo al número de sus habitantes, muy bien pueden ser considerados como centros urbanos perfectamente organizados” (6).
Era la última ley de importancia que hacía referencia a Llallagua como una dependencia de la provincia Charcas, pues el 8 de octubre el Congreso de la Nación sancionó la ley de creación de la provincia Bustillos:
“Artículo 1º.- La Tercera Sección de la Provincia de Charcas del Departamento de Potosí se erige en una nueva provincia que se denominará “Provincia Bustillo en homenaje al ilustre personaje don Rafael Bustillo”, y que se compondrá de los cantones Uncía, Chayanta, Llallagua y Amayapampa, teniendo por capital el pueblo de Uncía.
Artículo 2º.- Dicha provincia estará dividida en dos secciones municipales, la primera compuesta de los cantones Uncía y Llallagua y la segunda de los cantones Chayanta y Amayapampa.
Artículo 3.- Tendrá en lo judicial un Juez y Fiscal de Partido y un Juez Instructor con residencia en Uncía” (7).
La flamante provincia recibió un presupuesto de Bs 18.469 destinados a gobierno y subprefectura (Bs 3.969); aguas potables (3.000); postas (1.000); hospital (4.000); médico y botiquín (2.400); escuela (2.000); cementerio (1.500) y alquileres y amoblaje de oficinas (600). En 1910, Víctor Kukoc, donó a la junta municipal “los sitios en que se encuentran el Salón de sesiones y sus dependencias, como son: escuela, casa abasto y oficinas” (8). La Junta, fortalecida por la nueva coyuntura, diseñó un plan de mejoras urbanas y construyó sus primeras obras de magnitud, consistentes en “el mercado público, un espacioso local donde se hallan distribuidas las escuelas municipales de niñas y varones, dotadas de suficiente material escolar; una casa de maternidad, atendida por una matrona profesional; un edificio entre cuyas reparticiones se encuentra el salón de sesiones y un pequeño teatro; un matadero público servido con agua corriente; además a dos kilómetros de Uncía ha construido un baño público” (9).
La junta gestionó otros dos servicios de gran importancia, como el alumbrado eléctrico en todas sus calles, mediante fuerza proporcionada por la Empresa La Salvadora, y la instalación de una cañería que conducía agua desde la quebrada de Sunuyo, con lo que “ha desaparecido la escaséz de este elemento que, en pequeña cantidad, surtía la pila de la plaza principal” (10). Las flamantes autoridades lamentaban la falta de un templo “que armonice con el progreso relativo de la población y creciente cultura de sus habitantes, porque la Capilla existente en la Plaza "6 de Agosto", insuficiente por sus pequeñas dimensiones, está tan deteriorada que no admite reparación”.
Máximo Nava, administrador de Patiño y patriarca de Uncía, colaboró a la Junta Municipal, acudiendo a su “caja chica”, los fondos de “el ahorro minero”, que pertenecía a los trabajadores de La Salvadora y que éste disponía a su libre arbitrio. En 1914, prestó a la Junta Municipal Bs 31.137.72 por diferentes préstamos que facilitó para “la adquisición de muebles y útiles para la instrucción, terrenos y edificios que actualmente posee la Municipalidad, donde se hallan las oficinas de esta dependencia, así como las escuelas de niñas y varones” (11), préstamo que debía ser pagado en amortizaciones del 5% anual sobre el capital, abonando un interés anual del 10%.
Uncía ingresó en la categoría de villa, pero sin reconocimiento oficial de ciudad, hecho que recién se lograría en 1921, en ocasión de la inauguración del ferrocarril Machacamarca-Uncía. Ni siquiera había logrado oficializar su jurisdicción, que se debatía en el Congreso, pues se afectó ricos territorios de la provincia Charcas, que se sentía, con razón, perjudicada.
Como habían previsto los cívicos, la nueva provincia era la que más contribuía a los ingresos del Tesoro Nacional. De esa manera, el presupuesto general de la República, aprobado para 1915, ascendía a ingresos, calculados en Bs 17 millones, de los que “por lo menos ochocientos cincuenta mil, provienen del impuesto de exportación que grava a la barrilla de estaño que se explota en esta provincia para su despacho al exterior” (12).
Uncía había nacido tras desplazar a la Villa de Chayanta y recibió recursos del erario nacional, pero cayó bajo el control de los industriales mineros.
1 Geddes, Ch. (1984): Patiño, rey del estaño. Madrid, A. G. Grupo. P. 50
2 Oficio de Dulfredo Campos, del 20 de marzo de 1907.
3 Presupuesto del Departamento de Potosí, correspondiente a 1907.
4 Resolución del 19 de mayo de 1908. Anuario Administrativo de 1908. La Paz.
5 Censo General de la Población de la República de Bolivia. La Paz, Editorial Canelas, 1973. Tomo II., p. 21.
6 Ibidem.
7 La Ley del 8 de octubre de 1908 fue sancionada por Macario Pinilla, Rafael Berthin, José Carrasco, Angel Oliva y Fabián Vaca Chavez en el Congreso, y promulgada por el presidente Ismael Montes y el ministro José S. Quinteros. Anuario Administrativo de 1908. La Paz.
8 Escritura Pública de 27 de mayo de 1910.
9 La Gaceta. Edición del 5/4/15.
10 Ibidem.
11 Escritura pública suscrita por Natalio Soria Galvarro, Presidente de la H. Junta Municipal y Máximo Nava. 5 de septiembre de 1914.
12 La Gaceta. 1 (3): 18/4/15)
* Magister Scientiarum en Historias Andinas y Amazónicas. Docente titular de la carrera de Historia de la UMSA.
Luis Oporto Ordóñez
