Las autoridades descartaron un alza en el precio de los carburantes y ratificaron que se mantendrá la subvención.
La Paz, 06 de diciembre de 2023 (AEP). – El viceministro de Presupuestos y Contabilidad, Zenón Mamani, aclaró cinco mitos sobre los hidrocarburos que generan especulación y largas filas en las estaciones de servicios.
Las largas filas en las estaciones de servicio responden en gran medida a la especulación sobre los carburantes; ante ello, el viceministro descalificó los principales ejes de dicha especulación.
El primero tiene que ver con la subvención de los hidrocarburos. Se dice que el Gobierno está pensando en levantar la subvención; no obstante, las autoridades garantizaron este beneficio y descartaron un alza en los precios de los combustibles.
“Para la subvención de los hidrocarburos, a través del Presupuesto General del Estado (PGE-2024) estamos asignando 9.800 millones de bolivianos. Este monto está destinado a la subvención de la gasolina y diésel, principalmente”, afirmó Mamani.
En este ámbito, el presidente Luis Arce manifestó que la solución al problema estructural de la subvención de los hidrocarburos responde a la industrialización, para generar una producción nacional de carburantes. Rechazó el incremento de precios que afectaría a las familias más humildes.
El Gobierno, desde 2021, trabajó en el marco de las políticas de sustitución de importaciones, como resultado de ello se tiene que, en 2023, se dejaron de importar alrededor de 200 millones de litros de insumos y aditivos para la gasolina.
“Para 2024 se proyecta dejar de importar cerca de 244 millones de litros de etanol, que se compran directamente a los ingenios azucareros porque se impulsó una mayor producción. En el tema del diésel, estamos implementando la construcción de la planta FAME 1, que a partir del siguiente año iniciará operaciones. Cuando entre en su plena capacidad, dejaremos de importar cerca del 5% de diésel”, puntualizó el viceministro.
Asimismo, mencionó la edificación de la planta FAME 2, la planta de HVO, además de las plantas de acopio de aceite reciclado que servirá de materia prima para la producción de biocombustibles.
“A partir de 2026 dejaremos de importar cerca del 60 por ciento de las importaciones de carburantes”, precisó.
El segundo eje de la especulación está relacionado con que el Gobierno no está pagando a los proveedores de combustibles.
“Nosotros estamos pagando de manera regular el tema de la importación de los combustibles, eso es muy importante, es una certeza que como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas estamos dando”, aclaró.
El tercer eje tiene que ver con una disminución de las importaciones de combustible.
“Más bien, la demanda fue creciendo porque hay un mayor parque automotor, hay más industrias, especialmente la agroindustria que demanda un mayor dinamismo. Es parte de la energía y, como Estado, estamos garantizando la suficiente cantidad de recursos para el abastecimiento en general”, manifestó la autoridad.
El cuarto tiene que ver con una supuesta adulteración de los combustibles, que genera una evaporación más pronta y daña los vehículos.
Al respecto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que se intensificaron los controles en las estaciones de servicio para verificar la calidad, el precio y el abastecimiento de los combustibles.
El quinto eje de la especulación afirma que el Gobierno es cómplice en el desvío de los combustibles.
En este último punto se debe destacar que, en los últimos días, las investigaciones de la ANH, en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), posibilitaron identificar una red de corrupción dedicada al robo de combustibles.
“Estamos trabajando 24 horas en la planta, haciendo despachos para cubrir esta sobredemanda (…). En este arduo trabajo que venimos realizando, hemos encontrado irregularidades en YPFB Logística, subsidiaria de la estatal petrolera, como el cobro de cisternas, que son acciones de una red de corrupción de funcionarios y ciudadanos”, indicó el presidente de YPFB, Armin Dorgathen.
El Gobierno no puede ser parte de este delito porque se están encarando procesos penales contra los funcionarios que están comprometidos con este ilícito, por considerarse, además de robo, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
