Se prevé que la presencia externa aportará con una perspectiva amplia y experta. Su intervención contribuirá a la edificación de un sistema judicial sólido y confiable.
La Paz, 08 de febrero 2024 (AEP).- La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene la obligación de invitar a representantes de organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para desempeñar el papel de veedores en todas las etapas del proceso de preselección para la conformación de cargos en instancias judiciales.
El artículo 8 de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, que fue promulgada el martes por el presidente Luis Arce, establece la participación internacional en todo el proceso.
El nuevo marco legal busca garantizar la transparencia y la imparcialidad en la elección de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura.
Las organizaciones sociales se declararon en vigilia para evitar cuoteos. Foto: Jorge Mamani
Recomendación
El trabajo de la ALP, con la participación de estas organizaciones internacionales como observadores, pretende fortalecer la confianza en el proceso y asegurar que se lleve a cabo de manera justa y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
La ley, que tiene el número 1549, establece también que el Estado Plurinacional se compromete a considerar las recomendaciones formuladas por estas misiones internacionales en el proceso electorales para las máximas autoridades judiciales.
Vigilancia
Esta medida, de acuerdo con la bancada parlamentaria oficialista, demuestra el compromiso del país con la transparencia, la participación internacional y el respeto a los derechos fundamentales en el ámbito judicial.
La Central Obrera Boliviana (COB), sin embargo, se declaró en estado de emergencia y anunció que hará seguimiento a la alianza de los “evistas” con las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana en la preselección de los candidatos judiciales, para evitar cualquier intento de cuoteo de cargos.
La ley prioriza la meritocracia y fija 230 días para culminar este proceso con nuevas autoridades judiciales.
