La Corte Penal Internacional juzga crímenes graves internacionales, como genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad; fue creada en 1998.
La Paz, 16 de diciembre de 2023 (AEP). – Bolivia fue elegida miembro del Buró de la Asamblea de Estados Parte, órgano de supervisión administrativa y legislación de la Corte Penal Internacional (CPI), informó ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La elección se realizó en ocasión del 22 periodo de sesiones de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, desarrollado del 4 al 14 de diciembre de 2023 en Nueva York, sede de las Naciones Unidas.
“El ingreso de Bolivia al Buró de la Asamblea de Estados Parte de la CPI es un paso determinante en su compromiso continuo con la protección de los derechos humanos y la justicia global”, explicó el embajador Diego Pary, representante Permanente ante las Naciones Unidas.
Bolivia, en representación del Grupo Latinoamérica y el Caribe (Grulac), ejercerá ese cargo por un periodo de tres años que empezará en febrero de 2024.
El Buró está compuesto por 18 países, de los 124 Estados Parte del Estatuto de Roma de la CPI. Junto con Bolivia fueron electos Brasil, Chile y Ecuador.
El Buró tiene la responsabilidad de asistir a la Asamblea, con base en lo dispuesto por el artículo 112 del Estatuto y el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea de Estados Parte.
Esta instancia debe reunirse “con la periodicidad que sea necesaria, pero por lo menos una vez al año, y prestará asistencia a la Asamblea en el desempeño de sus funciones”, refiere el inciso c del numeral tres del artículo 112 del Estatuto.
“Bolivia espera trabajar de manera constructiva con los demás miembros del Buró, bajo la Presidencia de Finlandia, para fortalecer más el papel de la CPI en la promoción de la justicia, preservación de la vida y la protección de los derechos fundamentales en todo el mundo”, apunta el reporte de la Cancillería.
De esta manera, el país reafirmará su posición como defensor de la justicia internacional y como parte integral de los esfuerzos globales para garantizar la rendición de cuentas por crímenes contra la humanidad.
Bolivia fue parte de la negociación del Estatuto de Roma y lo ratificó el 27 de junio de 2002.
