El grupo documentó casos de tortura cometidos por agentes estatales en contra de personas aprehendidas o detenidas, sobre todo, en La Paz y Cochabamba.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), conformado por la CIDH, concluyó, en un informe, que durante los hechos de 2019 hubo tortura, abusos, incluso sexuales y uso de las fuerzas del orden excesiva e ilegítima por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, da cuenta de que ese año se desató una “espiral de violencia que empezó con los movimientos de paro cívico y bloqueos, los cuales resultaron en limitaciones abusivas de libertades y otros derechos”.
DECRETO
El 15 de noviembre, el régimen de Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo 4078, que autoriza a las Fuerzas Armadas realizar operaciones que buscan el restablecimiento y el orden público. La norma exime a los militares de cualquier responsabilidad penal.
Tras la aprobación del decreto, militares y policías reprimieron a pobladores en Sacaba, Cochabamba; Senkata, El Alto; en La Paz, Potosí y Santa Cruz, dejando el saldo de 37 personas fallecidas.
El grupo de expertos concluyó que la gravedad de las lesiones que se produjeron durante el operativo en esas regiones, así como en las demás circunstancias, fue porque “existió un uso de la fuerza ilegítimo”.
Por tanto, el GIEI insta a la Fiscalía a examinar la legalidad del uso de la fuerza por agentes estatales en esos operativos. También develó que hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
Una nota de Opinión sobre el decreto que aprobó Añez en 2019. | FOTO: NOTA OPINIÓN
El grupo documentó casos de tortura cometidos por agentes estatales en contra de personas aprehendidas o detenidas, sobre todo, en La Paz y Cochabamba.
Además, registró casos de violencia sexual y de género cometidos por agentes estatales en contra de personas detenidas, “que son constitutivos de tortura”, en las ciudades de El Alto y La Paz, detalla el informe.
En este sentido, en el informe se exhorta al Estado a la reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas a las víctimas de la violencia en 2019 y que estas obtengan justicia.
AEP
