“Ese caso no se toca”: fue la frase que habría usado Lanchipa para tratar de cerrar el caso y por el que destituyó a Gutiérrez de su cargo como fiscal.
El intento de paralizar el caso de estupro, trata y tráfico de personas contra el expresidente Morales generó una ola de repudió en el país por parte de organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos, activistas, incluso del Jefe de Estado. Exigen que prosiga la investigación para que se esclarezcan los hechos y se pueda proteger y reparar a la o las víctimas.
Más allá de los argumentos políticos, varios sectores cierran filas en que se debe esclarecer y conocer la verdad sobre la denuncia de estupro, trata y tráfico que pesa contra el expresidente de Bolivia Morales, porque se trata de un caso sensible que afecta a la niñez y adolescencia, dijo el analista Marcelo Silva en Panamericana.
“No se puede trivializar un tema de mucha sensibilidad y se debe conocer la verdad, se debe investigar”, apuntó.
En esta misma postura, la activista y líder de Mujeres Creando, María Galindo, enfatizó en que, más allá de que se si es o no un tema político, está el “delito” que cometió Morales y que debe ser “investigado y condenado”.
“Es un delito doblemente grave, porque habiendo sido él Jefe de Estado en esa época, el acto de poder es más grosero y grotesco, pero además es una legitimación de un delito y una incitación a delinquir, porque si el Presidente puede cometer estupro por qué no otra persona”, dijo en Bolivia TV.
Caso
El expresidente de Bolivia es investigado por la presunta comisión del delito de “trata de personas con agravante”, dentro de un proceso abierto en la Fiscalía de Tarija, que el miércoles emitió una orden de aprehensión en su contra; pero la medida fue paralizada por orden del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, denunció la exfiscal Sandra Gutiérrez, que investigaba el caso.
“Ese caso no se toca”: fue la frase que habría usado Lanchipa para tratar de cerrar el caso y por el que destituyó a Gutiérrez de su cargo como fiscal.
La investigación de la exfiscal, junto con sus colegas de Tarija, devela que Morales cometió el delito de estupro con una menor de 15 años en 2015, producto de este abuso, un año después, habría nacido una niña que lleva el apellido del exmandatario.
Aunque el caso prosigue y Lanchipa negó que ordenó paralizar el proceso contra Morales, la juez de Santa Cruz Lilian Moreno, quien luego de aceptar una acción presentada por los abogados de Morales, dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión y derivó el caso a Villa Tunari, Cochabamba, reducto del expresidente.
El hecho generó una ola de repudió en todo el país. Jóvenes y organizaciones sociales protestaron en puertas de la Fiscalía de La Paz, acusando a Lanchipa de “encubridor” de Morales por el caso de “estupro” y “pedofilia”.
El propio presidente Luis Arce se pronunció sobre el tema. Indicó que pedirá que se declare en reserva el caso, para proteger a la víctima.
“Es un tema muy delicado y requiere una investigación. Por lo delicado vamos a pedir que se declare en reserva. Nuestro Gobierno ha sido claro, vamos a proteger a la niñez (…) y no puede ser que pretenda salir impune, sea quien sea. A los niños no se toca”, sentenció.
La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, lamentó que la “justicia esté instrumentalizada y que existan interferencias”, por lo que se sumó al pedido de esclarecer el hecho de abuso a una menor de edad que involucra a Morales.
“Aquí tiene que primar la justicia y se debe dar seguridad y garantía a las víctimas”, manifestó.
El vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, Edwin Claros, destacó la importancia de que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia investiguen los casos de agresiones sexuales a menores de edad. Además, solicitó que se procese a las autoridades judiciales que no atendieron estos delitos a tiempo.
La ejecutiva de las ‘Bartolinas’ de Santa Cruz, Felipa Yalili Montenegro, reprochó el intento de obstaculizar la denuncia contra Morales. “Es un delito que no puede quedar en la impunidad”, señaló.
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, aseguró que la denuncia de estupro y trata y tráfico de personas que pesa sobre Evo Morales no debe ser considerada persecución política o judicial.
A 19 días de cesar como fiscal general, Lanchipa podría enfrentar un juicio de responsabilidades
A 19 días de cesar como fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien supuestamente instruyó paralizar el caso de estupro que se sigue contra el expresidente Morales y destituyó a una fiscal que lideraba la investigación, podría enfrentar un juicio de responsabilidades.
El coordinador de Organizaciones Sociales de Santa Cruz, Hugo Salvatierra, dijo que Lanchipa cometió abuso de poder al destituir a una fiscal porque se investigaba un caso delicado como es el abuso sexual contra una menor de edad.
“Es un abuso de poder y puede ser procesado con un juicio de responsabilidades”, indicó. Lanchipa cesará en el cargo de fiscal general el 23 de este mes.
Legisladores opositores también pidieron procesar al actual fiscal por tratar de obstaculizar el proceso en un delito que debe ser investigado.
“Lanchipa está saliendo por la ventana y debe ser procesado, porque no es la primera vez que obedece a intereses políticos”, señaló el diputado Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana (CC).
Antecedentes del caso
De acuerdo con los antecedentes en la Fiscalía de Tarija, en 2014 y 2015, Evo Morales creó la Guardia Juvenil, una agrupación conformada por jóvenes de entre 14 y 15 años, en la que estaba la víctima de estupro y trata, porque lo que hoy es acusado el expresidente.
Supuestamente, los padres de la víctima la inscribieron en esta “guardia” para escalar “políticamente” y ocupar cargos públicos, es decir obtener beneficios a cambio de su hija menor. Es más, la madre de iniciales I. P. S. fue candidata a asambleísta departamental, pero fue rechazada por sus antecedentes penales, por lo que luego fue beneficiada con el cargo de directora de una unidad en el Gobierno Regional del Gran Chaco, según reporte del diario El Deber.
En 2016, la víctima de 16 años, producto del abuso, habría concebido una niña, que está reconocida por Morales.
Por este caso, el Ministerio de Justicia se sumó al proceso por trata de personas.
La Paz/AEP
