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Exigen a la Asamblea Legislativa canalizar los comicios judiciales

También exhortan al TCP y al TSJ generar espacios para que la ALP cumpla su mandato constitucional.

La Paz, 14 de diciembre de 2023 (AEP). – La Defensoría del Pueblo exige al Legislativo buscar una salida constitucional a la elección de autoridades judiciales.  También exhorta al TCP y al TSJ generar espacios para que los parlamentarios cumplan su mandato.

Mediante un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo le exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que ejerza su atribución establecida en el artículo 158, numeral 5 de la Constitución Política del Estado y que genere estabilidad institucional, “asegurando a la población boliviana el acceso a la justicia, así como el derecho a elegir a sus autoridades” mediante voto.

El artículo en mención de la Carta Magna establece que son atribuciones de la ALP preseleccionar a las y los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Prórroga

Con base en la Declaración Constitucional 049/23, magistrados del TCP decidieron prorrogar en sus funciones a todas las autoridades del Órgano Judicial.

En esta declaración también  declaran la “inconstitucionalidad del artículo 2 del proyecto de Ley 144 Transitoria de Elecciones Judiciales, aprobado en el Senado, que establecía que los subalternos se hagan cargo de la transición”.

La Defensoría del Pueblo exhorta a los magistrados del TCP y al TSJ, “con base en el artículo 12 de la CPE, generar espacios adecuados para que la ALP cumpla con sus atribuciones constitucionales sin dilaciones, de modo que se garantice a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos”.

La Defensoría reitera su preocupación debido a la inminente demora en el proceso de preselección y designación de las nuevas autoridades por las sucesivas interposiciones de acciones constitucionales: un recurso de amparo constitucional (sin resolución hasta ahora); un recurso de inconstitucionalidad y otros que terminaron trabando el proceso en la Asamblea Legislativa.

Además que el TCP demoró más de lo previsto en resolver los recursos.


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