La Ley 280 es necesaria para estandarizar la normativa a escala internacional y evitar que la economía de los bolivianos sea perjudicada.
La Paz, 24 de abril de 2023 (AEP).- El equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) podría incluir nuevamente a Bolivia en una lista gris, si no ve avances en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el lavado de dinero, lo que complicaría el comercio internacional.
“Si el país entra a una lista gris, va a ser más complicado el comercio internacional; tanto los importadores como los exportadores van a tener más dificultades en enviar y recibir dinero del exterior. Entonces, lo que queremos es que el país no tenga ningún obstáculo para hacer estas transacciones financieras a nivel internacional. Por eso es importante que Bolivia esté a la par de todos los países”, sostuvo el director de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, Franz Apaza.
El proyecto de Ley 280, de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que se encuentra paralizado, busca definir la tipificación del terrorismo sin penalizar la protesta social ni perseguir a ningún ciudadano, derechos que están garantizados por la Constitución Política y las leyes del Estado Plurinacional.
La ley es necesaria para estandarizar su normativa a escala internacional, a fin de evitar que el organismo incorpore a Bolivia en una lista gris que perjudicaría la economía de sus habitantes.
Los países que componen el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tienen voluntariamente la visión de dar cumplimiento a una serie de estándares internacionales para promover la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
A escala latinoamericana, el Gafilat está conformado por 17 países y se evalúa entre ellos el grado de cumplimiento de estos estándares internacionales.
Periódicamente se efectúan evaluaciones y justamente se perfila una cuarta ronda para examinar el cumplimiento de los estándares.
Desde hace 10 años, el país cumple con esos estándares, que cambian frecuentemente a medida que los delitos citados se modifican o alteran la manera de delinquir.
La última modificación de Bolivia fue en 2012, según Apaza, en cuanto a la normativa para prevenir la legitimación. Hoy, el país debe adaptar su normativa nuevamente a los estándares para lograr una óptima evaluación.
Esa evaluación concluye en diciembre, que es el mes establecido para que Bolivia pueda recibir la aprobación; mientras tanto, una comisión se encuentra en territorio nacional y realiza entrevistas para tener una mirada completa de la situación jurídica actual.
“Esto se ha vuelto muy político, se empezó a decir que con esto se va a congelar cuentas, cuando el país ya cumple hace más de 10 años este tipo de estándares y normativas, que no afectan a nadie porque en el país no tenemos terroristas, no hay financiamiento al terrorismo y estamos hablando de aspectos que trascienden fronteras”, explicó Apaza.
A un país que se encuentra en la lista gris básicamente se lo cataloga como de riesgo y los otros Estados tendrán mucho más cuidado en trabajar con los bancos locales, eso significa que al intentar hacer un giro al exterior las comisiones probablemente se encarecerán, ya que las instituciones financieras tendrán que contratar otros bancos para hacer las transferencias.
El país es parte de una economía global y es importante que tanto los importadores como los exportadores realicen sus operaciones sin ningún problema y sin mayores costos.
La semana pasada llegó a Bolivia un equipo evaluador del Gafilat para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas, sobre las tareas que efectúan en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y lavado de dinero.
Son varias medidas que el país realiza con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y otras entidades relacionadas con la regulación del sistema financiero, a fin de evitar que este segmento sea un tránsito para el lavado de activos y otros ilícitos.
