Sucre, Capital del Estado y ciudad histórica donde Bolivia declaró su independencia el 6 de agosto de 1825, será la protagonista de los festejos.
La XVII sesión del Consejo Nacional de Autonomías definió la agenda de actividades vinculados a la celebración del Bicentenario de Bolivia y planteó la incorporación de autonomías indígenas, asociaciones municipales y al sistema universitario boliviano.
Durante la reunión, que se desarrolló ayer en Casa Grande del Pueblo, sede de la Presidencia del Estado, se ratificó el próximo encuentro del Consejo Nacional del Bicentenario para enero de 2025 en Sucre, ciudad histórica donde Bolivia declaró su independencia el 6 de agosto de 1825.
Uno de los temas principales fue la coordinación para el Bicentenario, definido como una oportunidad de “reencuentro de las bolivianas y los bolivianos”.
El Consejo, encabezado por el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó sobre el avance de las actividades y propuso la inclusión de más sectores en la Agenda del Bicentenario, como gobiernos autónomos indígenas, el sistema asociativo municipal y la universidad boliviana, a fin de enriquecer y consolidar los planes de la celebración.
Entre las resoluciones presentadas, se exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar el proyecto de Ley 486/2023, que propone financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 75 millones de dólares, destinado a proyectos de infraestructura y desarrollo.
Además, el Ministerio de Planificación del Desarrollo dio a conocer que 14 proyectos de financiamiento, valorados en más de 1.228 millones de dólares, están pendientes de aprobación en la Asamblea.
El Consejo solicitó reuniones con los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores para abordar este tema y, a partir de ello, el Ejecutivo lanzará una campaña para socializar en las regiones los proyectos detenidos y los efectos de este bloqueo legislativo.
Asimismo, el Consejo Nacional de Autonomías emitió un pronunciamiento unánime contra los bloqueos de caminos, que consideró un “atentado contra la economía del pueblo”.
Exhortaron al cumplimiento de la Constitución Política del Estado y a la aplicación de mecanismos legales que garanticen la libre transitabilidad en el país.
Las resoluciones, son, en resumen, las siguientes:
1. Informe de actividades del Bicentenario, a cargo del Ministerio de Culturas y la Delegación Presidencial de Chuquisaca. El Consejo Nacional de Autonomías destacó el trabajo realizado, y ratificó el compromiso de llevar adelante una agenda conjunta para la celebración del Bicentenario, como oportunidad para el reencuentro.
2. Exhortar al Consejo Nacional del Bicentenario que se reúna con gobiernos autónomos indígena originario campesinos, gobierno autónomo regional, sistema asociativo municipal (FAM Bolivia, Acobol y otros); sistema de la universidad boliviana, para recoger propuestas y enriquecer la Agenda del Bicentenario.
3. Exhortar a la Asamblea Legislativa que viabilice la aprobación del proyecto de Ley 486/2023, referida a un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento por 75 millones de dólares.
4. El Consejo Nacional de Autonomía acuerda realizar su primera sesión en la primera quincena de enero de 2025, en Sucre, dando inicio al año del Bicentenario.
5. El Ministerio de Planificación del Desarrollo informó el estado de 14 proyectos de ley de financiamiento, que superan los 1.228 millones de dólares, destinados a mejorar las condiciones de vida de las y los bolivianos, y que están bloqueados en el Legislativo. Lamentamos que persista la paralización y el bloqueo económico en el Legislativo.
6. El Consejo Nacional del Bicentenario solicitará reuniones a presidentes de Diputados y Senadores, y de brigadas parlamentarias, para demandar aprobación de los proyectos de ley de financiamiento. El Ejecutivo socializará en cada departamento los proyectos de ley paralizados, y los perjuicios ocasionados por su obstaculización.
7. El Consejo Nacional de Autonomías rechaza por unanimidad los bloqueos de caminos, que son un atentado criminal contra la economía del pueblo, y demanda el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, y la aplicación de todos los mecanismos constitucionales para garantizar la libre transitabilidad.
AEP Digital/Mac
