El gobierno expresó su rechazo a las movilizaciones, señalando que los bloqueos buscan evitar que Morales enfrente a la justicia y generar presión para que sea habilitado como candidato presidencial, lo que la Constitución no permite.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, expresó preocupación por el traslado de personas desde el trópico de Cochabamba hacia los puntos de bloqueo en varias regiones del país, tanto en el occidente como en el oriente.
Alcón señaló que esta medida está afectando a la población boliviana, generando perjuicios a sectores productivos, transportistas y a los ciudadanos que dependen del abastecimiento diario.
Según el reporte de la policía en los puntos de bloqueo, algunas personas declararon haber sido obligadas a participar bajo amenazas de sanciones económicas.
La Viceministra de Comunicación criticó que los motivos detrás de los bloqueos sean políticos, relacionados con la habilitación de una candidatura para las próximas elecciones y la solicitud de levantamiento de procesos judiciales.
La viceministra explicó que, a pesar de la convocatoria para tratar demandas legítimas como el pliego petitorio, los organizadores no han asistido a las reuniones de diálogo propuestas por el Ejecutivo de Luis Arce.
ESTUPRO Y REELECCIÓN
Evo Morales enfrenta varias denuncias judiciales, entre las cuales destacan las de estupro y trata de personas, relacionadas con una presunta relación con una menor de 15 años en 2015.
La Fiscalía de Tarija reactivó el caso recientemente y emitió una orden de aprehensión, que Morales ha eludido hasta el momento.
En respuesta a las acciones fiscales, Morales convocó a bloqueos de caminos en todo el país, lo que ha generado preocupación por sus efectos en la economía y la vida cotidiana de los bolivianos.
El dirigente cocalero exige ser habilitado como candidato para las elecciones de 2025. Son embargo, la Constitución Política del Estado no permite más de dos mandatos consecutivos, y aunque Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, un referéndum en 2016 negó su habilitación para un cuarto mandato.
A pesar de esto, el dirigente volvió a postularse en 2019, en unas elecciones que fueron anuladas por presunto fraude, lo que provocó su salida del país y el inicio de una crisis política.
AEP Digital/Mac
