Las organizaciones políticas y los órganos Ejecutivo y Legislativo dieron su pleno respaldo al TSE y descalificaron el fallo emitido por dos magistrados.
Fue el propio Morales el que criticó a sus seguidores, por pedir logística y viáticos para movilizarse.
De acuerdo con el Gobierno, la medida de presión, que se focalizó en el departamento de Cochabamba, generó una pérdida económica superior a $us 2.109 millones.
A fin de blindar las elecciones judiciales y las condiciones, alcance y plazo previstos se ratificó la plena vigencia de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales de 2024.
Los evistas pretendían que Santos Mamani asuma la presidencia de Diputados, por lo que trataron de impedirlo, sin resultados, la realización de la sesión de ese 5 de noviembre.
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