Fue el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, quien comunicó que en la acusación formal se pidieron 30 años de prisión para los 26 sindicados en los juicios orales respectivos por la comisión del delito de genocidio.
La Paz, 24 de octubre de 2023 (AEP). – Jeanine Añez y otras 25 personas fueron acusadas ayer por el Ministerio Público por el delito de genocidio por las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas el 15 y el 19 de noviembre de 2019, respectivamente.
Fue el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, quien comunicó que en la acusación formal se pidieron 30 años de prisión para los 26 sindicados en los juicios orales respectivos por la comisión del delito de genocidio.
En el caso Sacaba, donde 10 personas perdieron la vida por proyectil de arma de fuego en medio de una movilización registrada en el puente Huayllani, reprimida por policías y militares, la Fiscalía acusó formalmente por el delito de genocidio a Jeanine Añez; a los exministros de Defensa y de Gobierno Luis Fernando López y Arturo Murillo; a los excomandantes de las tres fuerzas: Ejército, Fuerza Aérea y Armada; Iván I. R., Ciro A. G. y Moisés M. H., respectivamente.
También se acusó al exjefe del Estado Mayor General de las FFAA Pablo G. C.; al excomandante en Jefe de las FFAA Sergio O. C.; al exinspector de las FFAA; al excomandante del CEO Central de Cochabamba Alfredo C. M.; al excomandante de la Séptima División de Ejército Fuat Genaro R. E.; al excomandante de la Segunda Brigada Aérea Óscar C. H.; al excomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea Boris P. P.; al exsubcomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea Franz V. G.; al excomandante del Regimiento de Fuerza Comando Aéreo Transportados Dany C. R.; al exjefe del Equipo del Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita Israel R. V.; al excomandante general de la Policía Boliviana Rodolfo M. T.; y al excomandante de la Policía en Cochabamba Jaime Z. T.
En el caso de Senkata, donde también 10 personas perdieron la vida por proyectil de arma de fuego debido a una intervención policial y militar a un bloqueo ciudadano en esa zona de la ciudad de El Alto, fueron acusados además el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Luis Fernando V. F.; el excomandante de la Mecanizada I Franco S. G.; el exsubjefe del Departamento Tercero de Logística Julio César T. R.; el exsubcomandante del Regimiento de Satinadores I Germán Busch-Challapata Miguel Eduardo S.; el exsubcomandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia - Yacuiba Alfredo I. G.; el excomandante departamental de la Policía Boliviana en La Paz Julio William C. A.; y el excomandante regional de la Policía en El Alto Eloy Iván R. del C.
Los vecinos fueron reprimidos en Senkata. | Foto: RRSS
“Estos hechos acontecieron luego de la planificación y ejecución operativa conjunta policial militar dispuesta por el nivel central del régimen a través de los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, quienes ordenaron la participación en estos hechos de grupos militares especializados”, sostuvo el Fiscal General del Estado.
En el caso Sacaba, Lanchipa indicó que en el proceso investigativo se recibieron 180 entrevistas informativas de efectivos militares; 110 entrevistas de policías; 120 entrevistas a civiles que participaron en la marcha del 15 de noviembre de 2019; además de la recopilación de pruebas documentales, entre informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, entre otros que suman 350 pruebas literales, y 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos de los heridos y 18 dictámenes periciales.
En el caso Senkata, se tiene alrededor de 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación, y la recepción de 126 entrevistas, 40 de ellas informativas de miembros de las FFAA; 30 entrevistas informativas de efectivos policiales; 50 a víctimas y ocho a funcionarios de YPFB, entre otros”, sostuvo el fiscal general Lanchipa.
En Bolivia hubo masacres y ejecuciones sumarias
Después de ocho meses de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe el 17 de agosto de 2021. Una conclusión central es que los hechos de Sacaba (15 de noviembre de 2019) y Senkata (19 de noviembre de 2019) fueron masacres. Esta constatación implica verdad, reparación integral a las víctimas y juicio contra los responsables.
“Hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican además una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga”, señala parte del informe del GIEI sobre los hechos en Sacaba, Cochabamba, cuando los policías impidieron el paso de cocaleros hacia la ciudad de Cochabamba.
“El uso de la fuerza no se restringió a impedir el paso de manifestantes por el puente (Huayllani). Hubo un operativo de ataque contra las personas que habían retrocedido luego de la gasificación. Como resultado, diez personas resultaron muertas y cerca de un centenar heridas, incluso en lugares alejados del puente. Hubo, además, daños en objetos físicos, “presuntamente producidos por proyectil de arma de fuego”, señala el informe.
Según estableció el GIEI, las tropas policiales y militares se prepararon para el inicio del ataque con gases, “lo que permite inferir que hubo una orden en tal sentido”.
En el caso de Senkata, el GIEI estableció que hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías y militares, además de ejecuciones sumarias.
“El empleo de fuerza en contra de los manifestantes tras el derribamiento del muro y el contexto de represión que se desencadenó, no respetaron el límite de lo necesario y la proporcionalidad entre el riesgo y la fuerza empleada. El uso de violencia letal por las fuerzas de seguridad fue excesivo e injustificable”, dice el GIEI.
Diez personas perdieron la vida y otras 78 resultaron heridas por el operativo militar-policial en Senkata montado para el traslado de combustible de la planta de YPFB a La Paz, la mañana del 19 de noviembre de 2019.
