Aún está pendiente definir si su proceso será por la vía ordinaria o por un juicio de responsabilidades.
La Paz, 19 de noviembre de 2023 (ABI). – El presidente Luis Arce afirmó este domingo que las ejecuciones sumarias cometidas en la masacre de Senkata, el 19 de noviembre de 2019, durante el régimen de facto, no quedarán en la impunidad.
“Recordamos con profunda tristeza cuatro años de la masacre de Senkata, en El Alto, un oscuro episodio de nuestra historia en la que vidas inocentes fueron cegadas por defender la democracia. Estas ejecuciones sumarias no quedarán en la impunidad”, escribió en redes sociales.
“¡Honor y gloria a nuestros mártires!”, apuntó el jefe de Estado en su mensaje que lo etiquetó con la leyenda #MemoriaVerdadYJusticia.
Luego de la renuncia forzada de Evo Morales, en medio de las protestas sociales de 2019 y la sugerencia de dimisión que le hicieron los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, el 12 de noviembre la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se autoproclamó, primero, titular de la Cámara Alta, y, luego, presidenta del Estado ante una desolada Asamblea Legislativa.
Con la Biblia en la mano, Áñez ingresó al Palacio Quemado junto con sus aliados, entre ellos Fernando Camacho y Marco Pumari, y un militar le impuso la banda presidencial, mientras las protestas en contra de su autoproclamación continuaban en la sede de Gobierno y en otras ciudades.
Como respuesta y bajo el argumento de pacificación del país, el gabinete del régimen de facto aprobó el 15 de noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078 que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus actuaciones armadas.
En su primera operación, en Sacaba, Cochabamba, el mismo 15 de noviembre, más de una decena de personas perdieron la vida.
En El Alto, las protestas impidieron que se traslade combustible a la ciudad de La Paz.
Frente a ello, Luis Fernando Valverde Ferrufino dio la orden para que se desplace el convoy de combustible desde la planta de Senkata, el 19 de noviembre de 2019, en medio de una violenta represión en contra de los vecinos de la zona.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Publico, las fuerzas conjuntas de la Policía y de las Fuerzas Armadas reprimieron a la población civil “registrándose un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego, lesiones por elemento contuso perforante; así como 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego, de los cuales se identifica 2 fallecidos por calibre 9 mm, 1 fallecido por calibre 5.56 y 4 fallecidos por calibre 22; los restantes 3 cadáveres presentaron orificios de entrada y de salida”.
Por estos hechos, Áñez fue acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.
Aún está pendiente definir si su proceso será por la vía ordinaria o por un juicio de responsabilidades.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo una masacre en Senkata, como en Sacaba.
Junto con Áñez firmaron el decreto Karen Longaric Rodríguez (Relaciones Exteriores), Jerjes Enrique Justiniano Atalá (Presidencia), Arturo Carlos Murillo Prijic (Gobierno), Luis Fernando López Julio (Defensa), José Luis Parada Rivero (Economía), Álvaro Rodrigo Guzmán Collao (Energía), Yerko Núñez Negrete (Obras Públicas), Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (Justicia), María Elva Pinckert de Paz (Medio Ambiente y Agua), Mauricio Samuel Ordoñez Castillo (Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga Vega (Comunicación).
