La policía migratoria de Estados Unidos lo tiene bajo su custodia con pedido de extradición de Bolivia.
Arturo Murillo Prijic, el preso número 02358-506 del Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos, se presentó en audiencia el jueves 20 de octubre de 2022 para declararse culpable ante la justicia estadounidense por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero.
Murillo, un político asociado a Samuel Doria Medina, aceptó su culpabilidad por ambos delitos que están vinculados al caso de la compra de material antidisturbios durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, sentenciada a 10 años de prisión en Bolivia.
Ayer, el encargado de la seguridad interna del país y segunda autoridad en importancia del régimen de Añez (12 de noviembre de 2019 al 7 de noviembre de 2020) cumplió su condena en Estados Unidos, pero no salió en libertad.
La policía migratoria de Estados Unidos lo tiene bajo su custodia con pedido de extradición de Bolivia.
OTRAS SENTENCIAS
La justicia de Estados Unidos dictó también sentencia a los cómplices confesos de la exautoridad.
Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declararon culpables en el estado de Florida.
La autoridad judicial estadounidense sentenció a Philip Lichtenfeld a 26 meses de prisión, el pago de una multa de $us
75.000 y trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas, por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Bryan y Luis Berkman también fueron hallados culpables por esos delitos y condenados a 28 meses de cárcel cada uno, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado $us 602.000 en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Arturo Murillo fue uno de los hombres de per!l más alto durante la presidencia de Añez.
Su gobierno desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por su adquisición.
En ese marco, el daño económico al Estado es de $us 2,3 millones. De este monto, $us 582.000 fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, y el resto fue dividido entre los tres ciudadanos estadounidenses.
Detenido en una cárcel de la ciudad de Miami desde 2021 has- ta ayer sábado, se estableció que el ministro de Añez utilizó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.
PRESIÓN
En los días para consolidar el golpe de Estado de 2019, con masacres de ciudadanos desarmados, el entonces Ministro de Gobierno insinuaba que los propios manifestantes habían disparado a sus compañeros por la espalda.
“Tengo videos que pre!ero no mostrar para no impactar y muchos de los muertos que tenemos confirmados tienen tiros en la nuca, ¿cómo pudieron recibir un tiro ahí?, ¿el compañero de atrás le disparó?”, insinuaba en declaraciones a la prensa.
Sin embargo, en un video que circuló en el sitio La Colmena News y otros digitales, el mismo Murillo admitía que las balas fueron disparadas por militares.
En las imágenes, Murillo y su viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pasan revista policial y militar a los efectivos y sus blindados, que tomaron la avenida Mariscal Santa Cruz, frente a Tránsito, en una noche fría antes del 20 de noviembre de 2019. Ambas autoridades hablan animadamente mientras veri!can el estado de las fuerzas de seguridad del Estado.
En un momento, el entonces titular de Gobierno señala a dos vehículos de asalto de las Fuerzas Armadas.
—Estos son los que han metido bala a los...
No termina la frase, pero Santamaría la completa.
—...a los de Senkata ¿no?
—Claro pues —dice el titular de Gobierno en tono de mordaz ironía. Como consecuencia del golpe de Estado, 38 personas murieron en noviembre de 2019 y otras miles fueron perseguidas, detenidas o torturadas, como señalaron diversas investigaciones internacionales independiente de derechos humanos.
Con el retorno de la democracia, se estableció como responsables de las muertes a las fuerzas de represión del Estado.
ASAMBLEA
La Asamblea Legislativa bajo el mando de Eva Copa aprobó en octubre de 2020 un informe que recomienda juicio de responsabilidades a la mandataria inconstitucional y a 11 ministros de su primer gabinete por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
El juicio incluye, además de Añez, a Karen Longaric (excanciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (exministro de Gobierno), Fernando López (exministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (exministro de la Presidencia) y Álvaro Coímbra (exministro de Justicia).
Esa nómina también está integrada por María Elva Pinckert (exministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordóñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación) por la !rma del Decreto 4078 y las muertes en Sacaba, Cochabamba; Senkata, La Paz, y Yapacaní, Santa Cruz.
Añez y su primer gabinete !rmaron el Decreto Supremo 4078, que eximió de eventuales juicios penales a los militares, que luego de los operativos combinados y la condena nacional e internacional fue abrogado.
CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, conside- ró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, luego de la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Añez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” por el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Añez a la presidencia del Estado y que dejaron al menos 36 muertos por armas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.
OCHO JUICIOS
El fiscal Omar Mejillones informó el viernes que Arturo Murillo tiene ocho procesos en la justicia boliviana: dos ya cuentan con sentencia, dos llegaron a la etapa de juicio oral, otros dos se encuentran en etapa preliminar y los otros dos en la etapa preparatoria.
Murillo fue sentenciado dentro de los casos Gases Ecuador y Gases Lacrimógenos. Por el primero recibió una sentencia de cinco años y por el otro tiene una condena de ocho años.
También la exautoridad enfrenta cargos por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y robo agravado. Además está enjuiciado dentro de los casos Masacre de Senkata y Masacre de Sacaba, en los que se investiga su presunta responsabilidad en ambas represiones.
AEP
