El ministro Iván Lima detalló que, de 15 recomendaciones, dos fueron cumplidas totalmente y una está pendiente de acatamiento.
La Paz, 05 de octubre de 2023 (AEP). - El ministro de Justicia, Iván Lima, informó ayer que el 10 de noviembre Bolivia presentará ante la CIDH —en su sede en Washington, Estados Unidos— los niveles de cumplimiento de las recomendaciones que hizo el GIEI al país.
“Es una solicitud del Gobierno boliviano tener una mesa de trabajo y un seguimiento al portafolio del Estado boliviano el 10 de noviembre. Le hemos pedido una reunión en Washington a la Comisión Interamericana, a la cual acudirán diferentes autoridades para brindar mayor información. Hay puntos del informe que podemos mejorar y que vamos a explicarle a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, explicó Lima en conferencia de prensa.
La CIDH presentó ayer el primer informe de la Mesa de Seguimiento (Meseg) sobre las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acerca de los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos que tuvieron lugar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Al respecto, Lima remarcó que el Ejecutivo mantiene su firme compromiso con los derechos humanos y de dar cumplimiento a las recomendaciones del Sistema Interamericano.
“Este informe corresponde al primer año de trabajo de la Meseg, es decir, hasta marzo de esta gestión. Consideramos un resultado importante para el Estado boliviano, ya que de 15 recomendaciones evaluadas, dos han sido cumplidas totalmente, tres han sido de cumplimiento parcial sustancial, nueve de cumplimiento parcial y una sola está pendiente de cumplimiento”, detalló.
La Mesa de Seguimiento informó que las recomendaciones 10 y 28 cuentan con cumplimiento total, y están vinculadas a la abrogación del Decreto Presidencial de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos 4461; así como a la realización de la Cumbre Nacional contra el Racismo y Discriminación desarrollada el 6 y 7 de diciembre de 2022.
También se encuentra en cumplimiento parcial la recomendación para la investigación y juzgamiento a responsables de los hechos de 2019.
Quedaría pendiente de cumplimiento el punto 9, que señala que el Órgano Judicial debe realizar un control permanente a las investigaciones, para garantizar la celeridad y el respeto al debido proceso legal incluso en relación con las aprehensiones realizadas por el Ministerio Público y la Policía.
“Este es el punto que la Meseg señala como no cumplido por el Estado Plurinacional de Bolivia; hemos comunicado respecto a esta recomendación al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres; al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina; y al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ya que esta recomendación tiene que realizarse en el ámbito de la coordinación e independencia de los órganos del Estado, y no corresponde al Órgano Ejecutivo”, precisó el ministro.
En la CIDH se abordarán otros tres temas relacionados con Bolivia: la ley de imprescriptibilidad que protege a niños y adolescentes, que fue rechazada en la Asamblea Legislativa; los matrimonios infantiles en Bolivia; y la justicia constitucional.
Según Lima, serán audiencias temáticas a instalarse en Washington.
Acusación por Senkata y Sacaba, este mes
En el transcurso de este mes el Ministerio Público presentará la acusación formal por los casos Senkata y Sacaba, que involucran a la expresidenta de facto Jeanine Añez, quien actualmente cumple una sentencia de 10 años por su proclamación ilegal en 2019.
“El Fiscal General del Estado me ha informado que en octubre se presentará la acusación en los casos de Senkata y Sacaba, que están en la parte final para la conclusión de los requerimientos acusatorios, para llevar a juicio oral, público y contradictorio estos graves hechos que constituyen el núcleo de la vulneración de derechos humanos en la crisis de 2019”, señaló el ministro de Justicia, Iván Lima.
La autoridad detalló que se juzga a Añez, a altos mandos militares y policiales, y a exministros de Estado; varios de ellos han sido declarados rebeldes a la ley, y la pena es de 30 años sin derecho a indulto por el delito de genocidio en la vertiente de graves masacres sangrientas en el país.
“La acusación determina el inicio de un proceso penal. Esa acusación tiene que ser parte de un análisis de un Tribunal de Juicio. La materia de la acusación es fundamental para establecer el inicio del juicio, el cual tiene que ser realizado de forma permanente y continua en la ciudad de El Alto, en el caso del juicio por Senkata; y en Sacaba, en el caso de la masacre de Huayllani”, especificó Lima.
En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) los hechos de Senkata y Sacaba fueron considerados masacres, caracterizadas por el uso desproporcional de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
El 15 de noviembre, las Fuerzas Armadas disolvieron una protesta cocalera en Sacaba y 11 personas murieron; mientras que cuatro días después se produjo la denominada masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde como consecuencia de la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía, 10 personas perdieron la vida y otras tantas resultaron heridas.
