El Estado boliviano tiene hasta el 19 de enero de 2024 para adecuar su normativa al ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones.
La Paz, 20 de noviembre de 2023 (AEP). – Bolivia trazó la “ruta crítica” y cronograma para cumplir con la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) emitió en julio a favor de Perú, que demandó al país por el precio del combustible.
“Después de recibir la notificación, nos hemos reunido con el sector hidrocarburos, con el ministerio del ramo, también estaba Cancillería, y diseñamos una ruta crítica para poder cumplir esta sentencia, que fue dictada en el marco de la Comunidad Andina; es una sentencia que goza de obligatoriedad y vinculatoriedad a los Estados miembros de la CAN, y conforme a nuestro artículo 410 de la Constitución, es de cumplimiento obligatorio”, explicó el procurador del Estado, César Siles, en el programa Las 7 en el 7, de Bolivia TV.
Detalló que en la reunión del 17 de noviembre se llegó a un consenso de cumplir con la sentencia y para ello se decidió instalar dos mesas de trabajo con el objetivo de diseñar una ley o un decreto supremo que modifique la regulación normativa boliviana adecuándola a estándares de la CAN, y la socialización de la sentencia con el sector del transporte.
“Estamos viendo esos escenarios para informar que no van a ser afectados los transportistas bolivianos, pero también estamos trabajando la norma; YPFB, ANH y el Ministerio de Hidrocarburos tienen un proyecto normativo que hemos encargado al equipo de abogados de la Procuraduría para trabajar rápido la norma”, refirió.
En julio, el Tribunal de Justicia de la CAN falló a favor del Perú en la demanda interpuesta contra Bolivia por cobros mayores a transportistas internacionales terrestres de mercancía y pasajeros que circulaban en territorio boliviano con placa extranjera.
Transporte peruano
El procurador Siles indicó que los 126 transportistas del Perú que ingresan a territorio boliviano seguirán pagando el precio internacional por los carburantes que adquieran en territorio nacional.
“Los 126 transportistas, importadores y exportadores del Perú, que están registrados en el marco de la CAN, no van a sufrir ninguna modificación, ni (recibirán) subvención, en eso quiero ser enfático, ni subvención en los carburantes. Ellos van a seguir pagando lo que estaban pagando hasta ahora, (el) precio internacional”, explicó.
Siles agregó: “La norma que vamos a modificar seguramente va a incluir a los transportistas bolivianos para que paguen el precio internacional siempre y cuando estén adscritos a la CAN, que en la actualidad son dos, porque todos están en el ATIT; en el marco del ATIT, ellos (los transportistas) seguirán pagando por el combustible al precio subvencionado”.
En Bolivia, los motorizados nacionales pueden adquirir el combustible con un precio subvencionado de Bs 3,72 y Bs 3,74, en diésel y gasolina, respectivamente.
Para vehículos con placa extranjera se estableció que el precio por litro es diferenciado. El precio actual para el diésel y gasolina es de Bs 8,8 y Bs 8,6, respectivamente.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia instruyó adecuar la normativa boliviana al Ordenamiento Jurídico Comunitario. Bolivia tiene hasta el 19 de enero de 2024 para adoptar las medidas necesarias y ajustar su regulación.
Posible demanda contra Perú
El procurador general del Estado, César Siles (foto), develó ayer que se analiza la posibilidad de presentar una demanda contra Perú por la emisión de un decreto en el que los transportistas bolivianos deberían usar un combustible que cumpla con estándares de calidad en territorio peruano.
“Vamos a analizar la posibilidad de una demanda también en contra de la República del Perú con relación a la ley que establece que los vehículos de transporte terrestre internacional ingresen a territorio peruano cumpliendo la normativa peruana en materia de calidad de combustibles. Hemos visto que esta norma también contraviene los principios de la Comunidad Andina de Naciones (...), la no discriminación e incluso la imparcialidad que debería haber en la normativa andina”, indicó en entrevista en Bolivia TV.
Siles acotó que para el transporte internacional en Perú se creó una normativa diferente respecto al tema de los combustibles.
“Vamos a presentar una demanda o la posibilidad de presentar una demanda contra el Perú por esta ley que emitió el Gobierno peruano; la Ley 31646”, precisó.
La decisión surge en medio del análisis que se hace a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a favor del Perú, que ordena a Bolivia “el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria” por la diferencia en los precios del combustible para vehículos bolivianos y motorizados con placa internacional, como los de Perú.
“Hemos recibido información, y estamos confirmando a través de Cancillería, que dentro del territorio peruano tienen diferentes exigencias de calidad a sus connacionales con relación a lo que exigen en esta norma al transporte internacional”.
El Procurador añadió que aún se debe consultar al equipo técnico acerca de presentar una demanda contra Perú ante el Tribunal de Justicia de la CAN o al menos una reclamación a la Secretaria General por la Ley 31646.
