Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificaron como masacres los hechos ocurridos en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto, en 2019.
El inicio del juicio por el caso del presunto golpe de Estado en 2019 fue reprogramado para el 17 de octubre, lo que generó críticas por parte de Aldo Michel, representante del Comité Impulsor del Juicio Golpe de Estado I.
Michel expresó su preocupación por lo que considera una denegación y obstaculización del proceso judicial.
El abogado señaló que el Ministerio Público, Régimen Penitenciario y la Policía tienen la responsabilidad de asegurar la presencia de los principales acusados: Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
Asimismo, destacó la necesidad de que el juez a cargo del caso dé continuidad al proceso sin más demoras.
El representante del Comité lamentó la espera de más de tres años por parte de las víctimas y organizaciones para que se haga justicia en relación con los hechos ocurridos tras el golpe de Estado de 2019.
Michel recordó que informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificaron como masacres los hechos ocurridos en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto, en 2019.
En Sacaba, las fuerzas de seguridad dispararon indiscriminadamente contra manifestantes, dejando un saldo de 10 fallecidos y cientos de heridos.
En Senkata, el 19 de noviembre de 2019, una represión militar-policial mató a 10 personas.
El GIEI concluyó que en la crisis política de 2019 se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su mandato se deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Están documentadas las graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las masacres ocurridas durante ese periodo”, remarcó el activista, al afirmar que el proceso busca sentencias de entre 20 y 30 años, de acuerdo con los delitos procesados.
El Comité Impulsor, dijo, continuará movilizado en demanda de justicia.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción de La Paz decidió suspender, hasta el jueves 17 de octubre, la audiencia de inicio del juicio por el caso denominado Golpe de Estado I, en contra Áñez, Camacho, Pumari y otras exautoridades.
“Tenemos una reprogramación de audiencia, esperemos que los ahora acusados puedan estar presentes”, informó el abogado de la exdiputada Lidia Patty, Jorge Nina.
CASO
En el caso golpe de Estado I se investiga los hechos que derivaron en la renuncia forzada del expresidente Evo Morales en 2019.
La audiencia presencial estaba prevista para las 09h00 de este lunes, sin embargo, los sindicados no fueron trasladados hasta las instalaciones del juzgado en La Paz.
AEP Digital/ Redacción Central/Mac
