El fiscal departamental de La Paz, William Alave, explicó que las investigaciones se iniciaron luego de que la UIF reportara movimientos financieros irregulares.
Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, fue sentenciada a cuatro años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
La condena fue dictada por el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz luego de un proceso en el que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos económicos sospechosos en las cuentas bancarias de la exautoridad.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó sobre la sentencia y explicó que las investigaciones se iniciaron luego de que la UIF reportara movimientos financieros irregulares.
“A partir de ese informe, iniciamos la investigación que llevó a la acusación formal contra la señora Roxana Lizárraga por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. El tribunal, al considerar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, dictó una condena de cuatro años en su contra por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado”, declaró Alave, de acuerdo con medios de prensa local.
Según las investigaciones, Lizárraga hizo 182 depósitos bancarios que sumaron un total de Bs 247.072, una cifra que, según la Fiscalía, no correspondía con su estilo de vida.
La exministra fue procesada en rebeldía, ya que se encontraba fuera del país durante el juicio.
El fiscal Alave indicó que la parte resolutiva de la sentencia fue dada a conocer el jueves 15 de agosto, y que se espera conocer la sentencia en su integridad la próxima semana. La Fiscalía evaluará los argumentos del fallo para determinar si procede con una apelación. La condena deberá ser cumplida en el penal de Obrajes de la ciudad de La Paz.
La exministra
Lizárraga, quien ocupó el cargo de Ministra de Comunicación entre noviembre de 2019 y enero de 2020, en una declaración virtual, afirmó estar en el exilio y consideró que este juicio fue una maniobra para “matarla civilmente y desprestigiarla”.
En su defensa, Lizárraga aseguró tener facturas y documentos que justifican sus ingresos, y sostuvo que trabajó y estudió desde muy joven.
La Paz/AEP
