Donde nos llaman acudimos, incluso cubrimos horarios nocturnos.
La directora nacional del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), Marcela Siles Jaksic, en entrevista con el matutino estatal Ahora El Pueblo, resaltó que desde enero obtuvo 49 sentencias absolutorias en la vía penal.
La misión del Sepdep es prestar asistencia legal con abogados a las personas que están siendo procesadas penalmente y no tienen recursos o medios económicos para contratar un abogado de defensa particular.
Prestan también servicios a personas que no quieren contratar un abogado y para ello los profesionales son convocados por los juzgados y la Fiscalía mediante oficios para que asistan a este tipo de ciudadanos.
La labor que cumplen es solamente en procesos penales y atienden a los imputados, procesados, denunciados, sindicados de un hecho penal de personas que no cuentan con recursos económicos.
—¿Quiénes son las personas que acceden a los servicios de la defensa pública?
—Por lo general, los privados de libertad o detenidos preventivamente son los que más acceden a la defensa pública. Nosotros defendemos como cualquier otro abogado, presentando memoriales y defendemos transparentemente al imputado
En otro aspecto, se lo defiende cuando se convoca a una audiencia donde el abogado del imputado no se ha presentado, entonces es en ese momento. De inmediato somos convocados como abogados de oficio de defensa pública.
Además, hacemos visitas a las celdas policiales para conocer si alguien requiere de un defensor de oficio que es asistido de manera inmediata.
—¿Cómo es el trabajo en los nueve departamentos del país?
—Tenemos nueve directores de oficio en cada departamento del país que a la vez hacen defensa pública, 51 defensores públicos en todo el país, tres auxiliares, 30 defensores eventuales, 30 consultores de línea y 25 administrativos, y el trabajo es el mismo en todas las ciudades, incluso cumpliendo turnos nocturnos y revisando las celdas policiales si algún imputado no cuenta con abogado.
Ahora, a nivel provincial es una de nuestras falencias, sin embargo, atendemos en la mayoría de las veces por desplazamiento; es decir, ante el llamado de un juez tenemos que estar donde sea y a la hora que sea.
—¿Tienen un presupuesto ajustable a sus requerimientos como defensa pública?
—El año pasado hemos conseguido del Gobierno un presupuesto adicional que nos ha permitido la contratación de 30 defensores públicos eventuales. Con ellos hemos podido cubrir 18 provincias grandes.
Lo ideal sería que estemos en todas partes donde hay un juzgado, una fiscalía. Nosotros necesitamos más presupuesto para tener más defensores, dependiendo de la ciudad en el país, pero donde nos llaman tenemos que estar.
—Como servidores públicos o de oficio, ¿cuántos casos ganados tienen?
—En lo que va del año, el Servicio Plurinacional de Bolivia consiguió de enero a la fecha 49 sentencias absolutorias, que declaran la ausencia de la responsabilidad penal del acusado.
—El servicio de defensa pública, en los últimos años, ha mejorado notablemente, ya no somos unos abogados para cumplir solo una formalidad o estar sentados aparentando que una persona tiene una defensa.
Hacemos una defensa efectiva y lo estamos consiguiendo a través de la capacitación constante que desarrollan los defensores de oficio.
Hemos conseguido mejorar el servicio ampliando primero nuestra cobertura a todas estas ciudades intermedias, volviendo a las visitas en las celdas policiales. Durante toda la noche, el defensor de turno hace un control estricto de las visitas semanales a los centros penitenciarios.
Nuestra normativa es que tengamos trabajadoras sociales y psicólogos. Hasta hace dos años solo teníamos trabajadores sociales y psicólogos solamente en el eje del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Con los contratos eventuales hemos podido cubrir 12 psicólogos y trabajadores sociales en los departamentos donde no había ese capital humano, ahora cada capital, departamento, tiene el equipo completo, es decir, trabajador social, psicólogo y defensores públicos.
El personal con el que contamos se siente comprometido con la institución, porque cubre, en la medida de nuestras posibilidades, todas las expectativas trazadas, pero es complicado.
—Según su parámetro, ¿cuántos defensores debería haber por departamento?
—A nivel nacional nosotros necesitamos por lo menos duplicar el número de personal, sin tomar en cuenta los eventuales; sin embargo, el número de personal no ha aumentado desde hace 15 años, más bien ha disminuido. Hace mucho tiempo que nosotros no tenemos un aumento de presupuesto.
—En cuanto a logística, ¿tienen vehículos para desplazarse a los lugares donde solicitan su presencia?
—Tenemos unos cuantos vehículos, dos aquí en La Paz, pero el resto de los ítems, durante 2019 y 2020, el gobierno hizo una reducción de personal. Entonces han desaparecido ítems de auxiliares y también de choferes.
En los demás departamentos no hay choferes, no hay vehículos. Los defensores se trasladan a los centros penitenciarios utilizando sus propios recursos.
Por esa razón le recordamos a la población que confíe en la defensa pública, cada vez estamos mejorando el servicio. Estamos tratando de aumentar nuestra cobertura a los mayores lugares posibles.
—¿Cómo están en cuanto a tecnología en defensa pública en el país?
—En la actualidad tenemos un sistema computarizado informático de seguimiento de causas, donde están todas las acciones. Se tiene una aplicación móvil para los usuarios, se puede ingresar con ciudadanía digital y ver en qué está su caso.
En esa dirección digital se podrá informar si su abogado de defensa está haciendo o moviendo algo en su caso y pueden hacerle el seguimiento.
Mediante el sistema también pueden comunicarse con el abogado para tener citas y agendar asuntos legales y ya tienen que apersonarse a las oficinas para hablar con su abogado.
Este sistema había hace mucho, pero era obsoleto. Hace como tres años se lo actualizó y ahora se aplica plenamente. Antes tenía muchas observaciones la aplicación móvil.
Hace dos años que tenemos la aplicación móvil, todas nuestras actuaciones están cargadas en el portal digital y además sirve para un control de las causas que lleva defensa pública.
Además hay capacitaciones constantes fuera de horario laboral para no perjudicar el trabajo.
—¿Cuántos procesos penales han atendido en este año?
—En procesos penales no acaban en un año, todos los que han empezado el año pasado siguen. “Nosotros tenemos en este momento activos un total 16.071 casos.
Tenemos dos tipos de servicio, uno es de los usuarios que vienen a pedirnos o que los atendamos, y otro es de los fiscales y jueces que nos llaman de oficio.
—¿Se está mejorando el servicio?
—Estamos mejorando el servicio y nuestra población confía en nosotros.
Hoy en día hacemos una defensa eficiente. Estamos mejorando nuestro servicio como es el ejemplo de las 49 sentencias absolutorias en lo que van del año.
Significa que nuestros usuarios en sentencia los han declarado inocentes, no les han condenado.
Eso quiere decir que la defensa ha hecho bien su trabajo demostrando la inocencia. Eso hay que tomar en cuenta, no todos nuestros usuarios son delincuentes o han cometido ilícitos. La Constitución Política del Estado prevé la inocencia de las personas hasta que no se demuestre su culpabilidad.
Hay personas que están injustificadamente procesadas. Entonces el deber nuestro es demostrar también su inocencia o presentar por lo menos todos los elementos de prueba y todo lo que esté a nuestro alcance para darle más elementos al juez, que puede resolver de una manera más justa, más equilibrada, sabiendo los argumentos tanto de la Fiscalía como de la defensa.
La Paz obtuvo seis sentencias absolutorias
La directora departamental de La Paz Ana María Callisaya Iturri informó que obtuvo seis sentencias absolutorias durante junio en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep).
“Es muy importante la función que cumplimos en estos últimos años durante las 24 horas del día, cuando se visitan las celdas para ver qué necesitan los imputados”.
Todos los fines de semana los defensores visitan las cárceles que están situadas en las capitales de departamento, además de las cárceles grandes como de Chonchocoro, Patacamaya y algunos centros como Calahuma, de menores de edad, y algunas cárceles de las provincias del país.
Por ejemplo, en La Paz se va a San Pedro, Obrajes, Chonchocoro Patacamaya, al centro de internación Calahuma y otros centros penitenciarios alejados durante todas las semanas.
“El problema por el que atravesamos es el poco personal que tenemos, no abastecemos, imagínese en cada terapia varón, cada terapia mujeres, estamos hablando en La Paz de siete penales, donde la población penitenciaria está arriba de 3.000”.
San Pedro y Chonchocoro pasan los mil; Patacamaya, si bien se ha vuelto un centro de reintegración solo de violencia, superan otros mil.
“Ahora nuestro objetivo es garantizar la inviolabilidad del derecho a la defensa y el acceso a una justicia oportuna y gratuita, prestando servicios de asistencia técnica y defensa penal a toda persona denunciada, imputada o procesada penalmente, carente de recursos económicos y a quienes no designen abogado para su defensa”.
El Sepdep es una institución descentralizada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI), que presta servicios de defensa penal técnica gratuita, consagrando el derecho fundamental a la defensa como una expresión de justicia, basado en los principios, garantías, valores, fundado en la pluralidad y pluralismo jurídico, conforme establece la Constitución Política del Estado (CPE), tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.
La Paz/AEP
