El procurador del Estado, Ricardo Condori, detalló que hasta ahora se han identificado seis bienes embargados que pertenecen a los sentenciados.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, exigió el pago de $us 3.005.280 a favor del Estado boliviano como reparación del daño ocasionado en el caso Misiles Chinos.
La sentencia establece que este monto debe ser cubierto por los ocho demandados.
“La Procuraduría General del Estado (PGE) avanza en sus procesos y ya estamos en plena etapa de ejecución de la sentencia del caso Misiles Chinos. No solo exigimos el pago de más de 3 millones de dólares, sino también la ejecución de los bienes embargados de los sentenciados”, informó Condori.
La PGE presentó formalmente la solicitud de “ejecución de bienes embargados”, en la que se pide “se disponga la ejecución de los bienes embargados preventivamente, conforme a derecho, por la defensa de los intereses del Estado”.
El Procurador detalló que hasta ahora se han identificado seis bienes embargados pertenecientes a los sentenciados. “Estamos tomando los recaudos necesarios para que el Tribunal ejecute esta medida y logremos la reparación de los 3 millones de dólares a favor del Estado”, subrayó.
La procuraduría, en conjunto con el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa y el Comando General del Ejército, inició el proceso judicial ante el Juzgado de Sentencia 2, que en noviembre de 2023 emitió la resolución que ordena el pago de $us 3.005.280 por parte de los ocho sentenciados.
Entre los condenados figuran el coronel del Ejército Ciro Valdivia Murguía; el excomandante general del Ejército Marcelo Antezana; el exjefe de Estado Mayor, Marco Vázquez Ortiz; el exinspector general del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; el coronel David Torrico Vargas; el coronel Wilbert Sánchez; el exministro de Defensa, Gonzalo Méndez, y el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Marco Justiniano Escalante.
Este caso se remonta a octubre de 2005, cuando 36 misiles chinos, propiedad del Ejército boliviano, fueron entregados irregularmente a la Embajada de Estados Unidos para su desactivación, ante el temor de que pudieran ser utilizados en actos terroristas.
Los misiles retornaron a Bolivia en 2006 completamente desmantelados, luego de que Estados Unidos considerara que representaban un riesgo para su seguridad.
La desactivación fue realizada por especialistas estadounidenses, bajo el argumento de que el Ejército boliviano no tenía la capacitación necesaria para hacerlo.
AEP
